Normalmente, se dice que los centros carcelarios son el tacho de basura de los pueblos. Lamentablemente, esto es una verdad en nuestro país, en el cual la violencia y la inseguridad nos siguen azotando. Son muchas las causas de la criminalidad y, hoy, más que en el pasado, porque hemos permitido que la delincuencia avance sin que se le hubiese puesto un límite.
Básicamente, tenemos dos clases de criminalidad: la que proviene del narcotráfico, con todas sus secuelas, como el sicariato, la extorsión, asesinatos y secuestros; y la cometida por los delincuentes de cuello blanco y dorado, mediante sobornos, peculados y extorsiones. Ambas son letales para el país y han crecido a tal punto de que resultan incontrolables. En ambos casos, su principal cómplice es, con excepciones, el aparato judicial, que también forma parte de la extorsión.
En la medida en que la población ha ido creciendo, el número de delincuentes y delitos ha aumentado, no así los reclusorios, que resultan insuficientes desde todo punto de vista.
El último incidente, reportado el 12 de este mes, desde el mal llamado Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil –porque ahí nadie se rehabilita–, arroja como resultado 17 muertos y 15 heridos. El ataque habría sido originado por integrantes de un grupo de delincuencia organizada, con pistolas, cuchillos y explosivos, habiendo sido decomisadas tres armas de fuego y 52 vainas percutidas. Estos malhadados hechos nos lleva a preguntarnos de dónde sacaron los reos todo ese material, así como a concluir que, lamentablemente, todavía persiste enquistada la corrupción en estos centros; que no existe un sistema penal penitenciario, que todos están mezclados y organizados entre ellos mismos, por lo cual las bandas operan con facilidad, que no hay clasificación de ninguna especie, ni por edades, menos por peligrosidad, y que hay abandono sin nombre.
Según datos de agosto de este año, al Comité contra la Tortura le preocupan los informes recibidos en los que se describen situaciones de autogobierno y extorsión en las cárceles, falta de personal penitenciario y de seguridad, corrupción, ingreso de armas de fuego y estupefacientes, así como frecuentes motines y otros hechos violentos, entre ellos, la muerte de más de 680 personas entre 2018 y 2023, y la falta de información proporcionada a los familiares sobre el paradero y condiciones de las personas privadas de libertad, entre otros.
No debemos olvidar que entre los reclusos hay gente inocente, que está detenida porque no tiene quién los defienda y muchos de ellos están abandonados por sus familias. Además, tampoco existe una separación entre aquellos que están privados de libertad por delitos menores y los narcotraficantes, sicarios, asesinos, etc.
Urge establecer una política penal penitenciaria, que separe a los detenidos por la naturaleza de la infracción, sin mantener unidos a aquellos que se organizan en bandas para cometer sus fechorías dentro y fuera de las cárceles; reducir su número por pabellones, evitar la corrupción en los reclusorios, ofrecer asistencia legal gratuita a quienes la necesiten, asegurar la práctica de deportes, trabajo y educación; e, instaurar un verdadero sistema de control penitenciario. (O)
