En la Constitución de la República del Ecuador (2008), el artículo 227 define la administración como aquella que “constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. En estos días se condenó nuevamente al ex vicepresidente J. Glas por actos de corrupción.
Pocas veces en la historia nacional los responsables de la gestión pública son colocados en el banquillo y sometidos a un juicio. Lo interesante del caso Glas es la mezcla entre las razones y el tinte político –aprovechado por los seguidores de Glas– para mostrarlo como víctima. Pero, independientemente de la responsabilidad directa del Ing. Glas, es necesario recordar que existe un entorno administrativo estatal que cumple roles clave en las acciones y decisiones dentro del Estado.
Aunque son las cabezas visibles sobre las que cae la responsabilidad, para que un gasto se apruebe pasa por múltiples funcionarios que deben generar el proyecto, identificar las partidas presupuestarias, escribir informes, registrar transacciones, asesorar a autoridades de turno y, finalmente, dar un clic para transferir fondos. Sin embargo, pocos son cuestionados sobre sus actos.
Recordemos que con los impuestos de cada ciudadano se paga el sueldo de casi 500.000 personas que son parte de las dependencias del Estado. Y entiéndase “Estado” con todas sus dimensiones, incluyendo Gobiernos descentralizados. Son esas personas las corresponsables del éxito o fracaso de las administraciones y también de los claroscuros que acompañan cada gestión.
De ahí que, cuando casos como el de Glas se llevan a juicio, también se debe identificar a toda la cadena de funcionarios que colaboraron hasta que se concretaron las acciones equivocadas o no del exmandatario. Es necesario que en la evaluación de delitos administrativos y de gestión se determinen las corresponsabilidades en todo el proceso administrativo.
En un sistema administrativo hay empleados y servidores transitorios, pero también hay funcionarios públicos permanentes que se la conocen “todo” y justamente son ellos el residuo de memoria de los vaivenes de la gestión. De ahí que es hora de que se fortalezca la formación ética de quienes constituyen un talón de Aquiles para cualquier gestión y son los testigos silenciosos de fechorías que se tejen en los pasillos de los Gobiernos de turno.
Es hora de que el servicio público ecuatoriano se constituya en una carrera rigurosa y sujeta a escrutinio permanente. No un espacio para pagar favores políticos. Identificar a los funcionarios que contribuyen con información y procesos (por mínimos que sean) en la gestión de recursos del país.
Cuando los Estados cuentan con un servicio público capacitado y comprometido éticamente con su país, esos salen adelante y toman decisiones más coherentes. Esperemos que este tema algún momento sea analizado por la Asamblea para que se dote al país de una mejorada y rigurosa ley del servicio público para exigir que rindan cuenta todos los privilegiados que cobran su salario con nuestros impuestos. (O)
