Es un fétido olor el que despide la liberación de Jorge Glas; este hecho repugna a la conciencia del pueblo ecuatoriano y es el campo de batalla en el que las fuerzas políticas se enfrentan. El futuro político del propio Gobierno está en juego porque tres de los cinco bloques de la Asamblea: Pachakutik, socialcristianismo e Izquierda Democrática responsabilizan de la salida de Glas a un pacto entre Correa y Lasso. Si estos tres bloques acusaran formalmente al Gobierno por la salida de Glas, podríamos ver al bloque correísta defenderlo. El nuevo ministro de Gobierno niega responsabilidad del Gobierno, pero pocos le creerán porque su pasado le condena: fue gobernador del Guayas en el gobierno de Correa. Otra imagen proyectaría el ministro si tan pronto informó el SNAI de la ilegal orden de liberación emitida por un juez de Manglaralto, se hubiera trasladado de inmediato –como correspondía– a Latacunga, a verificar si el habeas corpus había sido concedido por un juez competente. Si Glas fuga al exterior o no regresa prontamente a la cárcel, los platos rotos los carga Lasso, quien tiene a su cargo el sistema penitenciario, y no Correa, porque este está defendiendo a su vicepresidente, sin ninguna responsabilidad legal. La ciudadanía está horrorizada ante tanta putrefacción; la penetración de Don Naza y sus compinches en el tabernáculo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, es un escándalo también sin precedentes en toda la historia de la República; si pueden penetrar los delincuentes, también pueden hacerlo los espías, que, además, pueden ser las dos cosas a la vez. Y esto después del fracaso con el radar de Montecristi. El país está descompuesto, la Asamblea lleva semanas sin reunirse porque en el enfrentamiento con sus opositores, la presidenta ha llamado en su auxilio a la Función Judicial pidiendo una acción de protección que le fue concedida. Otra intromisión de una Función del Estado en otra.

Algunas de estas cosas que desarticulan el funcionamiento regular del Estado se deben a las instituciones creadas por la malhadada Constitución de Montecristi. La consulta popular que propone realizar el Gobierno, dividida –como dicen– en tres ejes, contendrá varias, tal vez demasiadas, preguntas que confundirán al elector y, como ha ocurrido en el pasado, unas pueden ser aprobadas y otras no, con lo que se perdería la unidad del propósito. Además, en el delicado momento actual, que mucho puede haber afectado a la popularidad del presidente, puede darse un resultado negativo. Por eso, un grupo de ciudadanos apoyamos la iniciativa del Dr. Simón Espinosa para, en plebiscito, derogar la Constitución de Montecristi y que, automáticamente, para que no se produzca un vacío legal, quede vigente la Constitución inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada con toda la legislación de derechos humanos, laborales, sociales. Ya no existiría el Consejo de Participación Ciudadana, fuente de tantos conflictos. Se podría consultarle al pueblo sobre otras pocas cosas, como por ejemplo la creación de dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados, lo que haría eficiente, ordenada, la labor legislativa. ¡Ah! Y no hay que olvidarse del recurso supremo, el de la muerte cruzada. (O)