Hoy concluye la vigencia del estado de excepción y se abre un período de incertidumbre. Aunque hay debate sobre las cifras, es innegable que durante las semanas transcurridas desde el 9 de enero los hechos violentos se han reducido y, sobre todo, se ha controlado considerablemente la situación dentro de las cárceles. Eso se logró gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas y a la acción de la Fiscalía. Los militares cortaron la línea de mando que se originaba en los centros de reclusión, en tanto que los casos abiertos por la fiscal taponaron el otro extremo de esa línea, el que penetra en la justicia y en la política. Pero esa realidad podría cambiar a partir de este día.

¿Hasta cuándo estará vigente el estado de excepción en Ecuador?

Una primera causa es que el fin del estado de excepción obliga al retorno de los militares a los cuarteles o, en el mejor de los casos, su relegamiento a actividades de vigilancia en apoyo a la Policía. Nada asegura que las cárceles no vuelvan a convertirse en los cuarteles generales desde los que salen las órdenes para las actividades violentas, así como para las encubiertas que están a cargo de abogados y jueces corruptos. Quién sabe cuántas Mayras, cuántos Muentes, cuántos Salcedos estarán esperando a que concluya este receso para volver a unas operaciones que no solamente pasaban desapercibidas por sus congéneres judiciales y partidistas, sino que les valían el calificativo de personas de bien (aunque ahora se ensayen justificaciones propias de Cantinflas, obviamente sin inteligencia ni sentido del humor). El gobierno ha vendido la esperanza de la consulta popular, pero es una apuesta dudosa debido a la variabilidad de las preferencias ciudadanas y a que, aun en caso de aprobarse las preguntas correspondientes, las restricciones al accionar militar se mantendrán.

Los militares cortaron la línea de mando que se originaba en los centros de reclusión...

Otra causa es el juicio político a la fiscal. Aunque se afirma que hasta este momento el correísmo no ha logrado sumar los votos necesarios para la destitución, no se puede descartar que el día de la votación aparezcan más borregos que los carnetizados. El hábitat de las organizaciones políticas está demasiado contaminado por el crimen organizado como para que se arriesguen a que la fiscal siga con las indagaciones. Las declaraciones, tan cristianas y tan sociales, de no aportar con sus votos pueden cambiar como lo han hecho ya en este período. Un viaje del presidente de la Asamblea, la grave enfermedad del concuñado del tío y más justificaciones pueriles serán suficientes para dejar el voto a cargo de unos suplentes que no prometieron nada. En definitiva, los integrantes del pacto de corruptos no están dispuestos a perder unos privilegios tan fatigosamente logrados y mucho menos a dar la cara a esa parte pequeña de sociedad que ve todo esto con asco.

Los militares pueden seguir en las calles

Una causa adicional es precisamente la actitud indolente de gran parte de la ciudadanía. Si no existe una sanción social que consista en el aislamiento (“la ley del hielo”) de los corruptos, por lo menos cabría esperar la sanción política. Nada indica que ello vaya a ocurrir en la elección del 2025. Seguramente se volverá a elegir a quienes, por acción o por indiferencia, forman parte de las redes de corrupción. Es lo que demuestran las encuestas, en que la mayoría pide una mano dura que venga desde arriba, mientras relega a la preocupación por la corrupción a un lugar más que secundario. (O)