Henos aquí a apenas treinta días de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República y de asambleístas, luego de algo más de dos años de las elecciones anteriores. Las cosas se precipitaron, la Asamblea Nacional resolvió enjuiciar políticamente al presidente y este, días antes de que el juicio político concluyera votando a favor o en contra de su destitución, usó su facultad constitucional y disolvió la Asamblea Nacional, con lo cual solo cumplió algo más de la mitad de su período presidencial.
Así, pues, el 20 de agosto conoceremos la distribución de fuerzas en la nueva Asamblea Nacional. En cuanto a la elección de presidente y vicepresidente, parecería que habrá una segunda vuelta. También queda la incógnita de si los asambleístas de mayoría -que probablemente serán en gran parte los mismos de la Asamblea Nacional disuelta- deciden continuar con el juicio en el estado en el que se encontraba, y, en este caso, si tienen los votos necesarios para una eventual destitución del presidente con el objeto de inhabilitarlo electoralmente; con lo que habría la sucesión al vicepresidente por el breve tiempo restante. Lo que venga después es también contingente; el partido del que se presume será de mayoría en la Asamblea ha anunciado que buscará la elección de una Asamblea Constituyente. Eso dependerá de si ha triunfado en segunda vuelta, de si cuenta con una sólida mayoría y acuerdos con otras fuerzas legislativas.
Cabe preguntarnos si le fue útil al país, y al que la convocó, la muerte cruzada. Por lo que estamos viviendo, yo diría que no. Cuando el presidente disolvió la Asamblea Nacional, escribí un artículo en el que decía que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Encontramos un presidente que ha recortado su período, que queda en manos de sus adversarios, que pueden destituirlo; una elección que favorece a los que lo enjuician; en que las otras fuerzas políticas están desorganizadas porque la mayor parte existen solo para la aventura de las elecciones.
En las democracias parlamentarias cuando se disuelve el Parlamento tiene lugar una elección general; la excepción es Francia, que desde la V República, con De Gaulle, en 1958, el presidente de la República puede disolver el Parlamento, y él continúa de presidente. Aquí, en la Constitución de Montecristi, se creó un híbrido, un monstruo de dos cabezas, que impide la gobernabilidad.
Al presidente le corresponde la tarea de entregar su gobierno de la manera más organizada que pueda, sin dar lugar a la anarquía, y evitar lo que suele ocurrir al término de los gobiernos, que empiece el reparto de despojos, la corrupción. Por el anecdótico relato del ministro del Interior, un desconocido, en su propio despacho ministerial, se le ofreció una coima de un par de millones por un contrato de chalecos antibalas; no lo hizo detener al momento. El presidente debería cortar esto por lo sano y anunciar que no se adjudicarán nuevos contratos, solo se continuará con la ejecución y mantenimiento de los existentes. De todas maneras, el nuevo poder anulará todo lo nuevo y lo fiscalizará. (O)
