Lo ocurrido en las elecciones pasadas del 2023, aún sin declararse el conflicto armado interno, hubo asesinatos. Primero el magnicidio contra un candidato presidencial y luego los crímenes de cinco alcaldes, lo que hoy obliga al Estado a otorgar las máximas garantías para evitar nuevos hechos de violencia.
Más aún cuando la desesperación de los que buscan afanosamente el poder para lograr impunidad a favor de sus líderes, unos en la cárcel, otros prófugos de la justicia y que prometen ilegalmente sacarles de la prisión cuando legalmente no hay cómo para delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, delincuencia organizada. Aquellos que admiran la dictadura de Venezuela, que todo el mundo sabe que usurpó el poder y se burló del pronunciamiento de su pueblo en las urnas, que no tienen la valentía y les avergüenza admitir que respaldan y les gusta el régimen de Maduro y coinciden con las violaciones de los DD. HH., conculcadas las libertades y la opresión a su pueblo.
Es mejor curarse en sano y evitar lo que pudiera lamentarse después, pero demasiado tarde. No hay que olvidar que se está luchando contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y los aliados de la narcopolítica que buscan llegar o volver al poder por encima de todo.
En medio de la debilidad institucional, la falta de controles rigurosos de los organismos electorales y el uso de recursos en la campaña al margen de la ley, se torna indispensable intervenir, más aún cuando se viven momentos difíciles por las acciones de los grupos delincuenciales y sus aliados y protectores en el ámbito político.
Se pisotean las normas y se engaña cuando sin desparpajo se ofrece sin sustento legal, de llegar al poder, traer al país a prófugos de la justicia, que tienen cuentas pendientes, o sacar de la cárcel a quienes tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas.
La institucionalidad sigue tan debilitada que no acompaña en esta lucha contra la corrupción. No funciona a plenitud. El pleno del Tribunal Contencioso Electoral es moroso con el país y tiene resoluciones pendientes por largo tiempo, seguramente haciendo cálculo político, y mantiene en vilo porque no resuelve la destitución de los vocales del CPCCS que violaron las normas legales al ser patrocinados por un movimiento político, que está expresamente prohibido.
Hoy, con nueva mayoría de los que siguen en funciones permitidos por el moroso TCE, comenzaron a generar incertidumbre e inseguridad jurídica al desbaratar el nombramiento del superintendente de Bancos y poner a un cuestionado del pasado en una institución fundamental para el sistema bancario y financiero. Luego su agenda perversa prevé la metida de mano en las designaciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y, el más importante, la Fiscalía, la perla en el afán de lograr la impunidad y revisión de sentencias condenatorias. Todo a vista y paciencia del país frente al CPCCS, organismo que debe desaparecer a un plazo mediato, enmarcado en el ordenamiento jurídico, pero mientras tanto poner fin a tanto abuso y atropello de políticos que se confabularon en la Asamblea. (O)
