Un jonrón con las bases llenas. El símil con el béisbol es el mejor que se me ocurre para la Ley de Integridad Pública que en un santiamén aprobó la Asamblea Nacional el pasado miércoles, el presidente lo firmó sin titubeos y se promulgó en el Registro Oficial de este jueves.
En principio su objetivo es desterrar la corrupción en las compras públicas, que se hizo notoria cuando durante la pandemia se pagaron sumas astronómicas por suministros básicos. Pero a la postre es una ley que reforma desde el nombramiento de jueces hasta las instituciones que gobiernan la política monetaria, pasando por el endurecimiento de penas para delincuentes menores de edad. Como transitoria trae una nueva amnistía tributaria.
DNA está cambiando con pasmosa celeridad el marco legal para su gestión. Es de esperar que la próxima ley abra paso a la inversión privada en los sectores estratégicos, y que se apruebe una ley de consulta previa, necesaria para agilizar la inversión. Un proyecto presentado por Henry Kronfle duerme el sueño de los justos en la Asamblea.
En lo que respecta a política monetaria, la ley simplifica las instituciones que la administran, algo que desde esta columna veníamos proponiendo. Cuando hay demasiadas instituciones involucradas ninguna se hecha al hombro la responsabilidad para superar un problema complejo. Por ejemplo, hasta el miércoles la Junta Monetaria administraba la política monetaria, pero la Junta Financiera señalaba las tasas máximas de interés. Ahora habrá una sola Junta Financiera y Monetaria. Sus integrantes los nominará el presidente, escogerá la Asamblea, y sus periodos son escalonados para que el relevo sea gradual y no haya giros abruptos en la política monetaria.
Otro problema es que bancos y cooperativas realizan similares operaciones, pero se rigen por reglas diferentes y las supervisan distintas entidades. Habíamos sugerido que se unifiquen las superintendencias. Pero la Asamblea ha optado por algo ingenioso: las cooperativas que hacen tareas similares a los bancos tendrán que convertirse en bancos. Así la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con su supervisión más laxa, ya no tendrá que supervisar instituciones financieras que pudieran causar un riesgo sistémico, esto es, que de quebrar arrastren otras. Cooperativas que se estimen que son de tamaño importante serán bancos.
El Banco Central no tiene reservas de libre disposición, sino más bien, le faltan dólares para cubrir todo el dinero que le han depositado los bancos privados e instituciones públicas. El Estado tiene que reponerle el dinero tomado durante el correato, y el Código Monetario le daba hasta el 2026 para hacerlo. Pero es tarea de titanes cuando hay crisis fiscal. Esta ley difiere el plazo a 2040.
Una reforma que preocupa a los defensores de la dolarización es que se autoriza al Banco Central a contratar créditos externos en caso de problemas de balanza de pagos o liquidez. Pero esto no es crear dinero, sino tener acceso a una línea de salvación en caso, por ejemplo, de una crisis financiera, tanto más necesaria cuando el Banco Central no tiene reservas. Los que padecimos la crisis de 1998-1999 vimos con envidia como en 1994 Bill Clinton anunció una garantía a México y con esta mera declaración desinfló la “Crisis del Tequila”. (O)
