El escándalo ha puesto al descubierto la corrupción sistémica de las mayores empresas estatales. Un círculo vicioso que da vueltas en espiral sin fin repitiendo el mismo evento con cambio de reparto.

En 2015 el correísmo creó mediante decreto la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, con el objeto de supervisar y controlar su gestión, esquema mantenido con variantes por los gobiernos subsiguientes. El concepto ha sido garantizar su buena gobernanza, transparencia y eficiencia para aproximarlas al modelo de gestión corporativa de una empresa privada. El balance deja mucho que desear; las 28 empresas originales han quedado reducidas a 12 y ninguna ha conseguido un estándar de desempeño institucional medianamente aceptable.

El problema de fondo es el protagonismo del Estado ecuatoriano en actividades económicas que son consideradas estratégicas por la propia Constitución: petróleos; electricidad; telecomunicaciones; y minería. Las dos primeras tienen el inconveniente de mantener una actividad cuasi monopólica, en mercados altamente regulados y con precios subsidiados como el caso de la comercialización de combustibles y del tarifario eléctrico. Sectores que necesitan una inversión masiva de capitales y tecnología de punta que sigue refrenada por la falta de seguridad jurídica, interminables trabas burocráticas e interposición de intereses en la contratación pública.

Entre los sectores estratégicos, el de mejor desempeño es telecomunicaciones, que se abrió a la inversión privada en 2001, de modo que las operadoras de este ámbito prevalecen en los distintos segmentos del mercado donde la libre competencia regula, en la práctica, los precios al consumidor. Preocupante saber que el otrora rentable monopolio estatal, la CNT EP, ha perdido 63 millones de dólares entre enero y noviembre de 2022, lastrada por factores como el exceso de personal. Llama la atención que se haya incumplido con el proceso de concesionamiento de la empresa que estaba contemplado en el plan de Gobierno.

Respecto a la Enami, perdió 2 millones de dólares en el mismo periodo y el único proyecto minero en el que interviene en sociedad con otra empresa estatal, Codelco de Chile, en Llurimagua, Imbabura, está paralizado debido a un reclamo arbitral.

Entre tanto, la burocracia dorada busca aprovechar la disfuncionalidad de las filiales EMCO. Ahora resulta que el sindicato de Celec (empresa generadora) ha presentado ante un juzgado de Rocafuerte, Manabí, una demanda para que su contrato colectivo sea equiparado con el correspondiente de CNEL (distribuidora de la Costa), mucho más ventajoso en cuanto a prebendas para sus trabajadores. Cabe otra alerta en el trámite de juicios de particulares que procuran compensaciones multimillonarias de las empresas públicas, a cuenta de presuntos incumplimientos contractuales.

Uno de los objetivos de la EMCO es supervisar indicadores de gestión administrativa y financiera exigiendo balances al día, así como periódicas auditorias; sin embargo, esta obligación básica se incumple. De ahí que el desafío sea reinventar su rol, sin limitarse a ratificar o no a los respectivos gerentes, producto de un remezón coyuntural. Por lo pronto, se circunscribe a ser una instancia adicional de decisión a la de por sí trabada gestión de las empresas estatales, sin brindar el valor agregado de un verdadero holding. (O)