Esta semana el presidente Lasso dio a conocer al país irregularidades ocurridas durante el gobierno de Rafael Correa. Se trata del crédito que otorgó un banco del Estado a un club del fútbol ecuatoriano que todavía no se ha cancelado; y, del mal uso de los recursos de la Universidad Yachay (“ese dinero se lo manejó como caja chica de los viajes presidenciales del mandatario de aquella época. Esto no puede continuar. Imagínense lo que hubiera sido $ 1.000 millones en la lucha contra la desnutrición crónica infantil”, dijo el presidente).

Así, el primer mandatario nos recordó un problema de grandes dimensiones que los ecuatorianos nos inclinamos a ignorar: la corrupción en el manejo de los dineros públicos y la impunidad de sus autores. Con ello, el presidente también nos ha traído a la mente la necesidad de conformar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, similar a la que operó exitosamente en Guatemala con el auspicio de las Naciones Unidas, ofrecida en su campaña.

En enero de este año, la revista Vistazo publicó un excelente trabajo de investigación del periodista Lautaro Ojeda que provee un diagnóstico sobre la corrupción y la impunidad de los crímenes en el Ecuador. Ahí se señala que el 82 % de los crímenes queda sin castigo; y a ello atribuye la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. El periodista alude también a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para ubicar al fenómeno de la impunidad no solo como el resultado de las falencias jurídicas de los fiscales y tribunales para establecer las responsabilidades de los autores de los ilícitos, sino también a diversas condiciones sociopolíticas que la alimentan, como la corrupción, un sentimiento que anida en las personas. Tanto que “paradójicamente uno de cada cuatro ecuatorianos considera que, “como están las cosas, a veces es justificable el pago de un soborno”. Y para mayor contradicción, quienes fueron víctimas de corrupción son quienes más dispuestos están a tolerar las prácticas corruptas”. Ecuador es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe.

En esa falta de castigo a las infracciones, en las que se hallarían implicadas autoridades, o su incapacidad para detener los crecientes niveles de corrupción, está el porqué de la percepción de indefensión de la ciudadanía y de su desconfianza hacia el sistema de justicia.

A propósito de la corrupción, la misma publicación de la revista Vistazo, reprodujo la concepción de la periodista guatemalteca Marta Altolaguirre, que parece invitar a reflexionar en estos momentos cruciales de tantas necesidades económicas y vacíos éticos de nuestra sociedad: “Cuando en una sociedad los desvergonzados triunfan. Cuando los abusadores son admirados; cuando ya no hay principios y solo impera el oportunismo; cuando los insolentes mandan y el pueblo los tolera; cuando todo se vuelve corrupto, pero la mayoría guarda silencio; cuando tantos ‘cuando’ se unen, quizá sea hora de esconderse; hora de interrumpir la batalla; hora de dejar de ser Quijote”.

Estimo que hay que continuar en la lucha. (O)