El proyecto denominado Ley de Competitividad Energética deja cabos sueltos. El texto apela repetidamente a la excepcionalidad de la concesión del servicio eléctrico al sector privado, pero en la práctica mantiene casi intocado el monopolio estatal. Si no rompe paradigmas, no servirá para solucionar el problema del gigantesco déficit de inversión que acumula el sector energético cada año.

Su enfoque está orientado a promover las Energías Renovables No Convencionales (ERCN) -solar, eólica, geotérmica y biomasa-, a pesar de su carácter complementario a la energía de base proveniente de la hidroelectricidad y el parque térmico, dígase combustibles fósiles, que en la actualidad representan el 99 % del total (en el promedio mundial 90 %). En la perspectiva de la política pública, es correcto impulsar energías limpias, pero sin menoscabar las de más potencial.

Propuestas timoratas

El aspecto más disruptivo de la reforma a 20 artículos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, LOSPEE, aprobada en 2015, es abrir la participación de la empresa privada no solo en la generación, tal como sucede actualmente, sino también en las demás fases de transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Es lo pertinente toda vez que el desarrollo de dicho sector tiene que ser concebido como un sistema integral, más aún si en todas ellas no se atiende debidamente la creciente demanda.

Apunta a reformular las concesiones privadas mediante la figura, ya existente en la LOSPEE, de Procesos Públicos de Selección, PPS, aunque tal objetivo carece de claridad. La impresión es que, aun dentro del ánimo de promoverlas, estas se verán refrenadas por la excesiva injerencia que mantienen como contrapartes las instituciones y empresas públicas. Encontrar formas asociativas público-privadas más imaginativas y expeditas sigue siendo una materia pendiente.

Claridad y decisión

Se establece que para proyectos no contemplados en el Plan Maestro de Electrificación se permitirá la construcción de centrales privadas de hasta 10 MW de potencia con una mera autorización, cuando la LOSPEE permite que sean hasta de 100 MW (principalmente hidroeléctricas), con el condicionante de que sea una generación corporativa para empresas relacionadas. ¿Por qué no se profundizó en esta modalidad que permite dinamizar un mercado de compraventa de energía entre privados, que no queda sujeto a tantas trabas burocráticas? Parece que hay desinterés en fomentar este modelo que garantiza más competitividad y menos costos.

Al momento la LOSPEE ha permitido atraer el interés de operadores de talla mundial en el desarrollo de proyectos de ERCN, destacando dos por 310 MW de Solarpack en Manta y Villonaco en Loja, a más del paquete de 500 MW adjudicado durante el anterior gobierno. Sin embargo, la falta de claridad en la garantía de pago de la energía por parte del Estado mantiene a esta serie de proyectos en compás de espera. Un nudo gordiano soslayado por la Ley. Omite además hacer referencia al uso de gas natural como un agente de transformación de la matriz energética, así como a incentivos en la construcción de infraestructura para almacenar energía.

Ojalá algunos de estos lineamientos puedan ser recogidos y procesados favorablemente de cara al segundo y definitivo debate de la Ley, que se cumplirá en cuestión de horas. (O)