La retirada de Ítalo Cedeño de Petroecuador amenaza que la estrategia de duplicar la producción petrolera se derrumbe como castillo de naipes. Si el presidente se desentiende, colapsa ese pilar de su cuatrienio que le permitiría fortalecer al fisco y sacar al país de la crisis en que lo sumió el correato y agravó la pandemia.

Petroecuador tiene décadas de ir a la deriva, con gerentes generales muchos –no todos– débiles o corruptos, que no llegaron a tomar las riendas de la empresa estatal. Los funcionarios permanentes socavan a sus jefes de nombramiento político, consideran al petróleo patrimonio de ellos, sabotean intentos de atraer inversión extranjera. La salida de Cedeño, que se proponía reformar a la estatal, es un triunfo de los que quieren que todo siga igual.

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A inicios de su gobierno Lasso dictó el decreto 95, que delineó la política petrolera para los siguientes 100 días. Pero nada se movió. El presidente esperó hasta fines de 2021 y nombró a Cedeño para que ponga en marcha el plan. Lo que va de 2022 se ha ido en preparar el terreno, y se alistaba para el tercer trimestre la convocatoria de 16 concursos para captar inversión en la operación de campos petroleros existentes, explorar en el golfo, utilizar el gas que se quema en los campos petroleros y construir una nueva refinería. Con la salida de Cedeño, el sucesor se propondría revisar todo lo actuado y reformular la política de captar inversiones. Con lo que se perdería todo 2022, después de haberse perdido el segundo semestre de 2021.

La meta ahora no es aumentar la producción en 2022, sino recuperarla al nivel que tuvo al principios del Gobierno.

Haría bien el presidente en nombrar gerente general de Petroecuador a alguien que haya estado involucrado en este trabajo preparatorio, para evitar un borra y va de nuevo.

En junio el sector hidrocarburífero sufrió un duro revés con la toma por la Confenaie de campos petroleros, cierre de pozos, destrucción de instalaciones y robo de equipos. La meta ahora no es aumentar la producción en 2022, sino recuperarla al nivel que tuvo al principios del Gobierno.

La política petrolera tendrá que modificarse para tomar en cuenta los planteamientos de la Conaie, ahora que el Gobierno le confiere al movimiento indígena la representatividad de los sectores populares. La Conaie exige la derogatoria del decreto 95, esto es, el abandono de la política de desarrollo petrolero.

Tiene además el Gobierno que capear otros desafíos. Justo cuando se va a abrir a concursos petroleros, hace noticia mundial que Perenco exige el congelamiento de las cuentas del Estado en Luxemburgo, por incumplimiento de un laudo arbitral de pagar una compensación por la confiscación de la empresa durante el correato. Hay que llegar a un acuerdo con Perenco de inmediato.

Surgen en la Asamblea denuncias de irregularidades en los contratos de servicios específicos firmados durante el correato con empresas de servicios petroleros. El ramillete de funcionarios involucrados: Glas, Merizalde y Capaya, entre otros, alienta sospechas. Pero debe quedar claro que, de detectarse irregularidades, las sanciones no incluyen la terminación adelantada de los contratos. No más incurrir en onerosos arbitrajes internacionales, que son costosos y desalientan a los inversionistas potenciales.

El presidente va a tener que participar activamente en el rescate de su plan petrolero, que corre peligro de desmoronamiento. (O)