Que la ciudadanía exija a los poderes públicos mayor seguridad es natural. La seguridad es un derecho inalienable e irrenunciable. En la tradición política de Occidente, desde Platón y Hobbes hasta Maquiavelo y Weber, la seguridad de los habitantes de una nación es la razón de ser de lo que hoy conocemos como Estado. Tanto el poder ejecutivo y el legislativo, como los tribunales de justicia y los gobiernos seccionales, todos sin distinción alguna deben hacer frente de forma coordinada y efectiva al terror que se está apoderando del Ecuador. Pero si la ciudadanía está en pleno derecho de reclamar por su seguridad es de una suprema hipocresía que esa exigencia venga de parte de líderes entregados al crimen como autores o cómplices. ¿Cómo pueden clamar contra la delincuencia aquellos que son prófugos de la justicia y alcahuetes de ellos? ¿Cómo pueden quejarse de la delincuencia, de los sicarios y de los asesinos aquellos políticos cuyos movimientos y partidos pactan con la delincuencia a la luz del día? Tan valientes dicen ser contra el crimen y ellos mismos forman parte de organizaciones delictivas. La imagen de cómo un asambleísta vinculado con pandilleros callejeros y con prófugos de la justicia le tomaba juramento a quien funge ahora de presidente de la Asamblea constituyó un mensaje inequívoco: en el Ecuador la delincuencia, el narcotráfico, y la corrupción han conquistado legitimidad política. Ya se nos había dicho que ser correísta no era un pecado. Es decir que no había nada de malo en pertenecer a una organización que se dedicó a destruir al país por más de una década, a saquear los fondos públicos y a entregar el Estado al narcotráfico. Ahora se pasó del dicho al hecho. Ya no solo que no es pecado, sino que es un mérito. Ahora han logrado a través de un golpecito de Estado romper la Constitución para remover ilegalmente a la presidenta de la Asamblea de su cargo y, con ello, proceder a asaltar las instituciones públicas. Un golpe que parece haber sido forjado en una piscina llena de delincuentes buscados por la justicia bajo el sol del imperio. Y encima tienen el descaro de llorar por la inseguridad, de opinar sobre cómo combatir el crimen, de venir con el cuento de que ellos sí saben controlar este mal cuando ellos pactan con la mafia. ¿Qué hicieron durante los últimos 15 años mientras el Ecuador se convertía en una narcodemocracia, en expresión de Francisco Huerta? ¿Por qué no alzaron la voz entonces? ¿Por miedo, por interés? Es que esta gente solo ve en la delincuencia un motivo para hacer campaña, para sembrar más frustración ciudadana y para un eventual derrocamiento del actual presidente. Eso es todo. Que haya menos delincuencia nunca les ha importado, en realidad. Jamás entendieron este problema ni les interesa entenderlo, menos atacarlo. Ahora andan como hambrientos por tener a otro contralor al estilo de Pólit que los encubrió por décadas.

Solo una clase política tan irresponsable como la que tenemos puede actuar de esta forma. El país ha entrado en otro de sus callejones de ingobernabilidad. La diferencia es que ahora este callejón lo han construido el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras tanto, sus responsables se regodean o en una piscina en Miami o viven cómodamente en Bélgica o en palacios de Samborondón. (O)