Las reformas estructurales no atraen a los políticos porque la mayor parte de sus efectos visibles y positivos se dan en el largo plazo y los políticos necesitan algo que mostrar antes de las próximas elecciones.
Consideremos el ejemplo del Seguro Social. Sabemos que se trata de un esquema piramidal insostenible y tiene un destino seguro si no se cambia de raíz: la quiebra. Hay poderosos intereses organizados para impedir cualquier cambio real a su estructura. Los beneficiarios de hoy temen asumir la responsabilidad sobre sus ahorros porque durante años se incrementaron la población cubierta y los beneficios mientras llovían recursos. Pero no hay almuerzo gratis, lo que se hizo fue profundizar la crisis.
Una reforma que implique cambiar de raíz el sistema de la seguridad social, eliminando las múltiples oportunidades para cometer actos de corrupción —limitando al mínimo posible la intervención y discrecionalidad de los funcionarios públicos e incrementando la libertad para elegir de los afiliados— rinde resultados positivos inmediatos que son positivos para todo el país: se detiene la hemorragia y se inicia a construir un gran fondo de ahorro nacional administrado de manera descentralizada por empresas reguladas por el Estado, pero elegidas por los aportantes, según sus preferencias.
Los beneficios de las reformas estructurales son reales, pero más visibles a largo plazo...
Las manifestaciones y paros delictivos
Pero también tiene resultados negativos inmediatos que podrían poner en peligro a un político antes de las próximas elecciones. El político que lidere un cambio así perdería el respaldo de la burocracia y otros grupos de presión que se benefician del sistema actual. En países como el nuestro, incluso podría ser derrocado un gobierno que intente una reforma de este calibre: como casi sucede con Lenín Moreno por intentar eliminar el subsidio a los combustibles. Jamil Mahuad es todavía otro ejemplo, intentó salvar su gobierno dolarizando y si bien no logró concluir su periodo, dejó montado un formidable blindaje para la economía ecuatoriana. Esa reforma fue prácticamente el único límite al poder de la llamada Revolución Ciudadana que hubiera sido mucho más destructiva si hubiese controlado el valor del dinero que usan los ecuatorianos.
Las personas solemos subestimar los costos y riesgos de no hacer algo. Los problemas ignorados o no tratados persisten y se exacerban, hasta que un día explotan y solo en ese momento no solo se vuelve políticamente viable una reforma, sino que es incluso vista como necesaria.
Un buen gobierno en momentos de crisis debería iluminar el camino haciendo énfasis sobre los peligros y costos de mantener el statu quo. ¿Cuál es el costo a largo plazo de no flexibilizar el mercado laboral? ¿Cuánto tiempo hemos perdido para insertarnos en las cadenas globales de suministro? ¿Cuánto nos ha costado el aislamiento financiero? ¿Cuántos negocios se hubieran vuelto viables si hubiese habido un mayor acceso a los capitales del resto del mundo y a tasas más bajas? ¿Cuánta inversión ha espantado el régimen tributario diseñado para mantener un Estado obeso? ¿Cuánto nos cuesta mantener empresas públicas?
Los beneficios de las reformas estructurales son reales, pero más visibles a largo plazo, cuando ya no son noticia. Esto lo podemos decir de la dolarización y las reformas de los noventa en varias partes de América Latina. (O)