El narcotráfico es una pandemia que ha venido corroyendo las estructuras del Estado, México es un ejemplo de cómo han sucumbido autoridades de todos los rangos, civiles y militares, los carteles son verdaderas transnacionales del crimen; Colombia no se queda atrás, tiene un largo historial, no solo como primer exportador del mundo de cocaína, sino de políticos del más alto nivel que han llegado al poder con el financiamiento del dinero de la droga.

Ernesto Samper Pizano ejerció la Presidencia de Colombia desde 1994 hasta 1998; a pocos días de su triunfo, Andrés Pastrana hizo pública una información, a través de unos casetes, de que Samper había recibido dinero del narcotráfico para su campaña.

El presidente Samper en todo momento defendió su inocencia y declaró sentirse “víctima de un atentado moral” y señaló “que él no había recibido ningún dinero del narcotráfico y que seguramente todo se habría hecho a sus espaldas”.

Para desgracia de Samper, en el proceso conocido como El proceso 8.000, el tesorero de su campaña, Santiago Medina, confesó que sí había entrado dinero del narcotráfico a la campaña presidencial; además, por efectos de las indagatorias hechas a Medina, el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Zeas, hijo del pintor Fernando Botero, fue vinculado al proceso porque se había desempeñado como jefe de la campaña presidencial y fue el único de los procesados que cumplió una pena con cárcel.

Botero le puso en la picota a Samper cuando confesó “que el presidente Samper sí sabía del ingreso de dinero ilícito a su campaña”, con esta declaración la imagen de Samper se fue al suelo y la tormenta política no se hizo esperar, tanto dentro como fuera de Colombia. Estados Unidos descertificó a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico; además, le canceló la visa de entrada a ese país, hecho inédito a un jefe de Estado en funciones.

Los quince miembros de la Comisión de Acusaciones del Congreso, después de evaluar las pruebas aportadas por el fiscal, entre ellas un video de Pablo Escobar en el que reconoce haber entregado dinero a Samper en 1982 (Samper fue jefe de campaña para la reelección de Alfonso López), decidió abrir investigación formal contra el presidente, en una acción sin precedentes en la historia de Colombia.

Como es costumbre en nuestros países latinoamericanos, a través de maniobras, el Congreso por 111 votos contra 43, archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable ni inocente, el proceso fue precluido, pero Samper quedó estigmatizado.

Ernesto Samper en el gobierno de Correa, desde el edificio que costó 43,5 millones de dólares, ejerció las funciones de secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); ahora es parte de ese club de dictadores llamado Grupo de Puebla.

La historia se repite, en Colombia se abrió la caja de Pandora, el hijo del presidente es acusado de haber recibido dinero de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios de mala reputación, una parte usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, en 2022. Este es otro “proceso 8.000″, ojalá no le salven los votos a Petro. (O)