A raíz de la reciente matanza en la cárcel de Cuenca, se dieron opiniones cuestionando la eficacia del control penitenciario por parte del Gobierno nacional al comparar su accionar con las medidas radicales que ha implantado en los últimos días Nayib Bukele, el polémico presidente salvadoreño. Efectivamente, y a raíz de un incremento de la violencia en el país centroamericano, Bukele anunció acciones de represalia, tales como dejar de alimentar a los presos, mencionando que no le importa lo que digan los organismos internacionales de derechos humanos, “que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren”.

Adicionalmente, el Congreso salvadoreño, a instancias de Bukele, suspendió la vigencia de varios derechos constitucionales, como el de la defensa e individualidad de las comunicaciones, especialmente con el fin de sancionar a medios de comunicación y periodistas que reproduzcan mensajes de las pandillas, incluyendo la prohibición de escribir grafitis alusivos a las denominadas maras, toda vez que en su criterio hay que prohibir por ley cualquier tipo de apología destinada a promocionar la violencia en su país. En la práctica, la lucha de Bukele contra las pandillas tiene su antecedente en el año 2019, cuando llegó al poder con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir los homicidios, siendo comunes las imágenes en los últimos años en las que se advierten severos métodos de represión a los presos, la rapada a los encarcelados, por ejemplo, era algo más que una simple anécdota. En ese contexto, Bukele impulsó el denominado Plan de Control Territorial, que tenía como fin la reducción de asesinatos y crímenes, para lo cual fortaleció la presencia del Ejército y Policía con miles de efectivos en sectores controlados anteriormente por las pandillas.

El plan funcionó con aparente eficiencia, trayendo consigo una disminución de la violencia; sin embargo, investigaciones periodísticas pusieron en evidencia la posibilidad de un pacto tras bastidores entre el gobierno de Bukele y las pandillas, sospecha que fue fortalecida con un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que afirmaba que Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes pandilleros, situación que ha sido negada con vehemencia por Bukele y que inclusive provocó un distanciamiento en sus relaciones con los Estados Unidos. En todo caso, el recrudecimiento de la violencia ha motivado la enérgica y discutida insinuación de Bukele de no dar de comer a los presos, lo que obviamente ha traído la reacción de quienes consideran dicha posibilidad como una afrenta a la vigencia de los derechos humanos, agregando que el régimen salvadoreño podría utilizar las medidas de represión incluso para acallar las voces a su gobierno.

“Les juro por Dios que no comen un arroz” fue la promesa que entusiasmó a quienes consideran que sería una medida apropiada en estos tiempos de máxima tensión carcelaria en nuestro país. ¿Acierto represivo o populismo irresponsable? Lo único cierto es que cada vez que Bukele pregona algo así, su popularidad sube como la espuma. ¿Es lo que el país necesita en estos tiempos? (O)