Para el 2017, Rafel Correa escogió como sucesor a Lenín Moreno. Desde la Presidencia lo impuso, pero no obtuvo su servilismo, e intentó tumbarlo en octubre del 2019, aprovechándose de las marchas indígenas que llegaron a la toma de Quito.

El 2021 intentó llegar a un acuerdo legislativo con el Partido Social Cristiano (PSC) y con el movimiento de Guillermo Lasso, entonces presidente electo, para darle “gobernabilidad”, Lasso se abrió. Hasta que a Lasso, para que no lo destituyan, no le quedó otra posibilidad que usar la vía de elecciones anticipadas, Correa fue captando espacios, –entre otros– los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo de Judicatura, de magistrados y jueces.

México nos sanciona

Su objetivo principal era destituir a la fiscal general, Diana Salazar, porque sin esta tumbaría las sentencias y los procesos contra él y Jorge Glas y los de su entorno, por infracciones unas evidenciadas y otras que han ido evidenciándose, por el trabajo de la fiscal.

Cuando Daniel Noboa llegó al poder, noviembre del 2023, se replanteó -con Noboa– el acuerdo del 2021. Frases de este como cuestionar a “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas” creyeron que fortalecía la expectativa de impunidad. “Noboa sacará lo que le interesa, lo demás no le importa”, o frases similares, era su comentario.

En diciembre del 2023, las investigaciones de la fiscal Salazar hicieron visible la cloaca de la relación del narcopoder con los funcionarios protegidos por el correato. Los procesos denominados Metástasis, Purga y Plaga y otros, sobre las mafias manejando la justicia, multiplican las evidencias.

Tan lindos como caducos

Además, el correato, en la Asamblea, no pudo introducir reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el fin de que se proceda a la revisión de sentencias de haber, contra estas, pronunciamientos de comités o comisiones del exterior, influenciables para formularlos, absurdo ético y jurídico que casi pasa de agache.

Las cadenas de los carteles de la violencia, las drogas y la corrupción están internacionalizados. Con apoyo de Gobiernos como los de López Obrador, han obtenido deslegitimar el asilo y el refugio, porque lo usan para procesados y condenados, formas de intervencionismo en otros países.

Con el correato, además, se dieron otras deslegitimaciones. Se institucionalizó no pagar ni transferir recursos a entidades y a proveedores, porque todo tenía precio económico y/o político. Una consecuencia fue el desmantelamiento de las prestaciones de salud de la seguridad social, un castigo a los trabajadores, hasta ahora no corregido, y hay otras.

A la educación universitaria pública la castigaron con regímenes de ingresos que significaron que miles de jóvenes no pudieron acceder a esta, y con un régimen de gobierno de argollas. Demolieron el cogobierno universitario de docentes, estudiantes y servidores –yo fui dos veces rector de la Universidad de Guayaquil, 1994 al 2004, electo por votación del cogobierno, con plena solvencia académica y financiera–.

La obsesión del poder unida al encadenamiento internacionalizado de corrupción y violencia es la experiencia que estamos viviendo. (O)