La semana anterior fue de toma de posiciones.

El 28 de octubre de 2021, el presidente Lasso declaró que a la muerte cruzada “por ahora, dejémosla en la Constitución”, reflexión de estadista. Al terminar ese día, se entregó en la Asamblea su proyecto urgente denominado de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, segmento corregido de la materia tributaria del macroproyecto que inicialmente rechazó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que ahora sería tramitado, a la que seguiría la ley orgánica de un modelo laboral diferente al vigente del Código del Trabajo, que primero se sometería a un amplio debate; y, luego, una ley orgánica de incentivos a inversiones, completando los tres segmentos del proyecto rechazado, bajo el argumento de que eran textos de materias diferentes.

Parecería que la movilización de los días 26 y 27 de octubre, convocada por el denominado Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador, liderado por la Conaie, la Unión Nacional de Educadores y las centrales sindicales, generó efectos contrarios al de ruptura y viabilizó permitir el entendimiento legislativo del que estarían fuera solo el bloque del correato –de UNES se llama– y un segmento de Pachakutik cercano a la posición de la Conaie.

Los dos miembros de las fuerzas armadas que fueron retenidos durante las movilizaciones en las carreteras cuando, desarmados, se movilizaban para atender las provisiones del personal militar, fueron objeto de azotes con ortiga, milenaria forma de castigo indígena en territorios que controlan –purificación la llaman–.

La advertencia fue dada: una de las Resoluciones del Consejo Ampliado de la Conaie del 22 de octubre de 2021 fue “declarar el estado de emergencia en todos los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para precautelar la seguridad de su población de cualquier amenaza externa, se aplicarán procesos de jurisdicción indígena en caso de detectarse cualquier inconveniente a la armonía comunitaria” (…) “Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades en aplicación de la Constitución e instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas”.

El discurso de la nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, de la ID –designada por una mayoría que incluyó los votos del PSC– incluyó una impactante reflexión para Pachakutik, aliada de la ID, “no permitan que las luchas históricas de la resistencia indígena sean aprovechadas e infiltradas por agentes e intereses protervos de quienes buscan la desestabilización. Que no permitan que en la construcción de su proyecto político existan beneficiarios externos que sueñan con el caos, con la incertidumbre y la división”.

Y sin que haya la invocación ancestral de las nacionalidades indígenas, para reclamar poderes territoriales, están los que ejercen poderes desde el delito. ¿Quiénes controlan los centros de privación de libertad?, ¿y el narcotráfico, como realidad social y flujo de recursos? Severa tacha de Lasso a Correa: “De manera deliberada le entregó parte del territorio ecuatoriano al narcotráfico”. (O)