El primer mes de Gobierno ha pasado volando. Hay un ambiente de renovado optimismo ante el futuro a pesar de la crisis agravada por el COVID-19. Como que el país se redescubre en la unidad olvidándose de divisiones pasadas.

Los altos niveles de aceptación del presidente Lasso dan cuenta de que viene conectando con los intereses de la sociedad, al margen de si son sectores que votaron o no por él. Muy acertada la comunicación informal y espontánea que, a través de las redes sociales, proyecta la imagen del presidente/ciudadano, de un hombre común alejado del vano culto a la personalidad. El anuncio de que no se continuará con las cadenas semanales de radio y televisión, que eran casi siempre aburridas e intrascendentes, va en esa línea. Asimismo, positivo que continúe trasladándose a los más remotos lugares de la geografía nacional, participando en eventos que le permiten mantener un activo contacto con el Ecuador profundo, no aquel de las élites que viven en la burbuja de las grandes ciudades. Y sus ministros están obligados a seguir el ejemplo.

La campaña de vacunación, que está tan estrechamente vinculada con la reactivación económica, al fin despega y está logrando inmunizar hasta 80.000 ciudadanos por día, un registro récord. Y hay que duplicarlo pronto para cumplir con la meta del plan 9/100 que es el mayor desafío político de las autoridades.

El Gobierno no tiene plata para hacer obras y, más aún, está obligado a practicar una rigurosa austeridad con el poco dinero que tiene. De ahí la importancia de impulsar distintas formas de asociación del Estado, incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, con corporaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras (la inversión fiscal es un tercio de lo que era). Es curioso destacar, pero, a pesar de que la Ley de Asociaciones Público-Privadas se aprobó en 2015, al momento apenas seis se han concretado. En Chile, Perú y Colombia, que disponen de legislación parecida, los promedios fluctúan entre 60 y 80 proyectos ejecutados.

Uno de los obstáculos es la legislación derivada de la Constitución de Montecristi, que tiene un enfoque excesivamente estatista para el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía: petróleos, minería, electricidad y telecomunicaciones, entre los principales. De ahí la necesidad de considerar reformas legales acotadas que mejoren el ambiente de inversión, en un escenario donde se compite con muchos países por la captación de capitales. Por citar, la ley es sumamente permisiva para que Petroecuador se asocie con contrapartes estatales, pero en cambio es un calvario si se trata de una empresa privada.

El tema se torna imperioso, toda vez que el Ecuador mantiene en el subsuelo reservas gigantescas que podrían quedarse sin explotar, considerando que la tendencia mundial es migrar del uso de combustibles fósiles a energías renovables en cuestión de pocos años.

Otro pendiente es que la burocracia no siga siendo ese infame laberinto que frustra valiosas iniciativas público/privadas. Desafíos que esperan al presidente Lasso al regreso de la operación de drene de un quiste en la columna vertebral que ojalá permita su pronta y total rehabilitación. (O)