El país vive desde hace varios años problemas en el sistema de justicia y se le dificulta superarlos.
Han sido varias las polémicas que hasta el día de hoy marcan y generan una gran falta de confianza de la población en la Justicia. Desde los problemas de los miembros del Consejo de la Judicatura y designaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre aquella institución hasta investigaciones de Fiscalía del mal proceder y corrupción de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial.
Ante esta realidad, varios de nuestros columnistas especializados y con experiencia en derecho hablan de las decisiones por tomar para empezar un cambio que produzca resultados positivos al país en esta materia:
Miguel Hernández Terán
El caos institucional que vive la justicia en el Ecuador puede ser una oportunidad para dar un giro al sistema. Creo que pocas personas pueden considerar que la administración de justicia marcha bien. Revisemos el tema: lo más valioso que tiene el sistema de justicia es su personal: muchísimos funcionarios judiciales son personas sacrificadas y con mística de trabajo, lo dan todo en un medio de carencias. Sus horarios reales de trabajo comprenden fines de semana, noches. El volumen de trabajo presiona para tales esfuerzos. ¿Dónde está parte importante del problema? En aquellos directivos y jueces que quieren congraciarse con el poder. En el año 2005 publiqué dos libros: La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia y Anotaciones sobre justicia, democracia y desarrollo. En el primero concluí que “el ánimo de congraciarse con el poder político” es uno de los factores que afectan a la tutela judicial efectiva. En el segundo concluí que “La ilegitimidad en el acceso a la función pública y en su cesación” es una de las dificultades de la democracia. En este libro cité la ilegítima cesación de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso Nacional. La cultura del acomodo político es una constante, lamentablemente. ¿Soluciones? El primer paso: decencia e independencia; el segundo: decencia e independencia; el tercero: decencia e independencia. Además: amor por la justicia, trabajo calificado, orgullo de ser un judicial y recursos para trabajar bien. (O)
Pedro X. Valverde Rivera
Son varios los pasos a dar:
El primero, debe desaparecer el Consejo de la Judicatura, que no ha sido otra cosa que un mecanismo de ingerencia y manipulación por el que siguen disputándose los gobiernos, políticos y grupos de poder. Hay que volver al esquema del Poder Judicial independiente en el que sus máximas autoridades sean las que tengan el control institucional.
En segundo lugar, y esto no solo aplica a la justicia, sino en general al Estado, los salarios deben mejorar sustancialmente y estar acordes al nivel de responsabilidad, calidad y cantidad de trabajo de un administrador de justicia. Lo que hoy tenemos es una invitación a la corrupción.
En tercer lugar, considero que la función judicial debe contar con un equipo de seguridad proporcionado por la Policía, pero asignado exclusivamente para la función judicial, a fin de garantizar en la medida de lo posible la integridad física de los jueces frente a amenazas de la delincuencia en los casos que los involucran.
Y finalmente, el presupuesto anual para la función judicial debe ser entregado automáticamente al inicio de año. Solo así podra dotarse a los juzgadores y a la ciudadanía de las herramientas tecnológicas e infraestructura física necesarias para cumplir con el objetivo primordial, esto es, una justicia independiente, justa y rápida. (O)
Juan Morales Ordóñez
La búsqueda de la efectiva separación e independencia de las funciones del Estado, que pasa por la despolitización de las mismas, concretamente de las encargadas de la designación de autoridades de control y del sistema de administración de justicia, es el objetivo nacional para que la justicia en el Ecuador sea mejor.
Esa pretensión no se alcanza con el sólo cambio de la normativa que regula la existencia y el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que designa a las autoridades, en este caso concreto, del Consejo de la Judicatura, sino que requiere cambios en la estructura del Estado ecuatoriano.
Por eso, la transformación constitucional respecto a los alcances del sistema de la administración pública es una necesidad nacional imperiosa.
La vigencia de la Constitución de 2008 no mejoró el desempeño del sistema de administración de justicia, porque no evitó y, por el contrario, exacerbó la injerencia de la política en esta función del Estado que es vital para el mantenimiento de la democracia.
El país debe debatir, en el marco de una asamblea constituyente, sobre una nueva Constitución que tenga como objetivo construir un escenario distinto en todos los ámbitos de la convivencia ciudadana, con especial atención en la organización y participación del poder político.
Sin embargo, el nuevo escenario constitucional, será nuevamente violentado si no mejoramos éticamente como sociedad, para que quienes nos representen como autoridades públicas respondan a una masa crítica ciudadana que tenga un nivel cívico mucho más alto, orientado al mejoramiento de las condiciones privadas y públicas de la convivencia social. (O)
Un nuevo presidente de la Judicatura
Fabián Corral B.
Numerosas problemas contiene la Constitución. Uno de ellos, y una de los más graves, es la introducción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que constituye una distorsión del concepto de participación popular, una expropiación de las capacidades ciudades a través de la politización y de la burocratización del poder ciudadano. El CPCCS nada tiene de participativo ni es una opción popular. Es una estructura de poder que asegura el control sobre instituciones fundamentales como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, sistema judicial, etc.
El sistema, como era previsible cuando se elaboró la Constitución de 2008, ha desnaturalizado el régimen de poderes limitados, responsables e institucionales propios del sistema republicano.
Retornar a un efectivo Estado de Derecho, eliminar los poderes absolutos que están escondidos en la estructura constitucional, y restablecer los límites al poder, implica eliminar el CPCCS. El tema es arduo porque implica reforma constitucional de fondo. ¿Es posible plantear semejante asunto en la Asamblea Nacional? ¿Estará en la agenda del Ejecutivo en un tiempo electoral que determina casi todas las acciones de los dirigentes?
Una reforma sustancial de esa índole es la vía que veo para que el Consejo de la Judicatura opere en forma autónoma, y para mejorar el sistema judicial, dotarlo de autonomía y alentar su estabilidad.
El país atraviesa por una crisis institucional, ética y política muy compleja y sin antecedentes. Este es uno de los temas que constituyen el gran desafío para hacer del Ecuador una verdadera república. (O)
El éxito profesional del abogado
Óscar del Brutto
Lo más importante es que la ciudadanía entienda la importancia del sistema judicial. Sin un sistema judicial el país no es viable: no habrá negocios, no habrá seguridad física, no se generará empleo. Sin sistema judicial que funcione correctamente, terminaremos reducidos a un principado del África Subsahariana.
Hay tres medidas puntuales que se me ocurren. La primera es un proceso de depuración de jueces. Creo que esto debe empezarse desde la Corte Nacional de Justicia y luego ir avanzando a los niveles inferiores. La segunda es un cambio normativo. La Constitución y varias leyes consagran un sistema de protección de derechos constitucionales amorfo y que otorga mucho margen de discreción a los jueces. Esto genera inseguridad, porque es muy difícil predecir las decisiones, y crea un amplio margen para la corrupción, porque se vuelve difícil fiscalizar las decisiones judiciales. La tercera es poner en práctica vías que protejan a los jueces y fiscales. Me parece una buena idea que los jueces y los fiscales penales, por ejemplo, puedan despechar desde embajadas ecuatorianas ubicadas en otros países.
Por supuesto, el éxito de la administración de justicia no solo depende del sistema judicial. A esto debe sumarse que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan el respaldo jurídico para actuar contundentemente y que las cárceles no sean centros de operación criminal. (O)
Steven Espinoza Ortega
Para una real mejora en el sistema de justicia en Ecuador, es crucial abordar la independencia y la integridad de las instituciones judiciales. Las recientes decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Judicatura, así como el caso de Wilman Terán, han evidenciado la influencia política y la falta de transparencia que minan la confianza pública en el sistema judicial.
Un primer paso puntual y efectivo sería la implementación de un proceso de selección y nombramiento de jueces y funcionarios judiciales que sea totalmente transparente y basado en méritos. Este proceso debe estar libre de interferencias políticas y garantizar que los candidatos sean evaluados de manera objetiva por sus competencias, experiencia y ética profesional.
Para asegurar la transparencia, se podrían establecer mecanismos de observación ciudadana y la participación de organizaciones internacionales especializadas en justicia. Además, sería fundamental reforzar las medidas de rendición de cuentas y establecer sanciones claras y efectivas para cualquier acto de corrupción o manipulación en el sistema judicial.
Finalmente, es esencial promover una cultura de respeto a la independencia judicial, tanto en el ámbito político como en la sociedad en general. Esto incluye la educación continua y la sensibilización sobre la importancia de un sistema judicial justo e imparcial para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en Ecuador.
Estos pasos iniciales pueden sentar las bases para una reforma judicial profunda y sostenible que devuelva la confianza en el sistema de justicia del país. (O)
Jorge G. Alvear Macías
Sin duda, muchos coincidirán conmigo, especialmente abogados, que se precisa un mecanismo independiente de selección y evaluación de jueces, algo que la actual estructura constitucional y legal no permite. Empezando porque el organismo, encargado de la selección y evaluación de los jueces es el Consejo de La Judicatura, y este organismo está integrado por 5 delegados -si con letras mayúsculas- del presidente de la Corte Nacional de Justicia, del fiscal general del Estado, del Defensor Público, del presidente de la República y de la Asamblea Nacional. A su vez dos de los delegantes -el Defensor Público y al fiscal general- son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros son elegidos por voto popular, que es un eminente ejercicio político.
Por tanto, la pregunta implica un reto complejo, que obliga a considerar en primer lugar una urgente reforma constitucional, que limite el mandato y cambie la composición del Consejo de la Judicatura y así reducir la influencia política directa. Se requiere establecer requisitos más estrictos de independencia y cualificaciones profesionales para los miembros del indicado Consejo. La reforma debe permitir la integración de una Comisión independiente, separada del Consejo de la Judicatura, destinada exclusivamente a la selección y evaluación de jueces, que podría estar integrada por jueces jubilados de reconocida trayectoria, académicos especializados en derecho constitucional y judicial, representantes de los colegios de abogados y de la sociedad civil con experiencia en temas de justicia. Es imprescindible, para la reformulación y diseño del mecanismo la participación de una Comisión Internacional Especializada en selección y evaluación de jueces, preferiblemente de la Comunidad Europea, que sea independiente y remunerada con recursos de programas de Naciones Unidas. Es necesario implementar tareas de capacitación continua de jueces, con concentración en ética judicial y derechos humanos. Establecer protecciones contra represalias a jueces que dicten fallos correctos. La reforma constitucional debe incluir garantías de mayor independencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la inclusión en su seno de representantes de la academia y organizaciones de derechos humanos. Finalmente endurecer las sanciones a abogados promotores de corrupción, incluida la suspensión definitiva del ejercicio profesional, como ocurre en Colombia y en Estados Unidos. (O)
Katia Murrieta
Debemos reformar la Constitución del 2008 para eliminar el CPCCS y el CNJ.
Es intolerable que sigamos permitiendo que, con la sola voluntad de 2 personas en el primero, -generalmente obedientes a los partidos y movimientos políticos que tienen secuestrado al país-, se nomine a quienes deben manejar todos los organismos de control del estado, uno de ellos el CNJ. No hay otra solución que regresar esta atribución a la asamblea, -donde tampoco faltan titiriteros-, para que, al menos, haya un mayor número de votantes y de reflexión para esta elección.
En el caso del CNJ, lamentablemente, con excepciones, se ha convertido en una olla de presión para los funcionarios judiciales y también en un organismo más de corrupción en el país. Debemos devolver el control de jueces y más servidores judiciales a la Corte Nacional de Justicia, y la administración, para la adquisición de insumos y más, debiera ser ejercida por una empresa, que no tenga absolutamente nada que ver con el sistema judicial.
Por otro lado, debemos considerar que muchos profesionales del derecho, sin tacha, con experiencia y conocimientos suficientes para impartir justicia, estarían dispuestos a asumir estas funciones, pero con una retribución mucho mayor a la actual, por lo que debiera incrementársela considerablemente para evitar la “compensación” que reciben los corruptos. No olvidemos que el fenómeno de las “vacunas” comenzó, entre otros, en la función judicial.
Y, como la corrupción es de dos vías, empecemos por formar, en hogares y centros educativos, seres honestos cuya ambición no sea saquear bolsillos ajenos. (O)
Gustavo von Buchwald
El sistema de justicia ecuatoriano, es la estructura fundamental del Estado, organiza la democracia, soluciona los conflictos, equilibra los derechos, iguala las oportunidades de los ciudadanos y logra la paz. Hemos llegado a un grado de corrupción tan grande, que urge cambiar estructuras Constitucionales, y legales.
Hay que cambiar personas. Pero las personas se cambian y vamos peor. Es inadmisible que la Corte Nacional de Justicia envíe ternas para presidente del Consejo de Judicatura con descalificados como Fabiola Gallardo, Wilman Terán, caso “Metástasis”, a quien la Asamblea no lo censura a cambio de su declaración coludida, que declara que sentenció a Correa por presiones o “influjo psíquico”. Queriendo justificar recurso de revisión que libere al prófugo o como argumento ante organismos internacionales.
En última terna designa el CPCCS a una jurista prestigiosa para presidir Consejo de la Judicatura (CJ), pero como no conviene a la intimidadora Comisión de Fiscalización, los vocales supuestamente apolíticos, resulta que han sido del correísmo y de ADN -por lo cual debían ser destituidos-, eligen a otro abogado defensor de narcos, jueces y políticos corruptos, para que presidida de esta manera el CJ, que elegirá a los jueces de la República. La corrupción ha permitido conocer lagunas legales que permiten el uso perverso de las instituciones. El presidente en referéndum con preguntas sin trascendencia hizo perder a los ecuatorianos la mejor oportunidad de mejorar las instituciones .Con una estructura judicial politizada y corrompida, 47 legisladores correístas que favorecen toda acción a favor de la delincuencia, y un Gobierno que todavía no sabe lo que es gobernar, no encuentro solución inmediata. Todas las instituciones ecuatorianos están en agonía moral, exceptuando el Tribunal Constitucional y uno que otro juez o funcionario. Necesitamos un presidente estadista enérgico y una consulta popular amplia para reformar todo lo que construyó la delincuencia narcopolítica desde 2008. (O)
