Este adjetivo no es utilizado con frecuencia entre nosotros, tal vez porque el concepto de república como forma de gobierno, en la práctica, nos es lejano pese a que discursivamente nos define, afirmando que la soberanía radica en el pueblo y se la ejerce a través de un sistema jurídico que regula una forma política de funcionamiento del Estado fundamentado en el respeto a los derechos humanos.

El derecho constitucional que aborda estos temas no es sino el producto instrumentalizado de valores y formas de pensar la convivencia social. No es ni puede ser fuente originaria de ninguna normativa, pues es el resultado de las ideas y del cambiante pensamiento social reconocido y que por la propia dogmática jurídica debe ser respetado por todas las otras ramas del derecho que a su vez exigen ese mismo tratamiento, constituyendo esta obligatoriedad la gran categoría jurídica conocida como imperio de la ley, que no significa imperio de lo legal, sino del derecho, considerado en su amplitud como sistema normativo, realidad social y principios que lo fundamentan. El respeto al derecho es el valor social supremo. La resistencia, el desacuerdo y el rechazo de la norma se encuentran regulados y deben ejercerse dentro sus límites. Sin embargo, algunos piensan que el sistema jurídico no siempre debe ser obedecido, porque no se sienten identificados y posicionan en su lugar su propia visión individual de la convivencia. Entre nosotros, recientemente, a algunas de estas actitudes se las denominan incivilidades… con toda razón.

Los mejores ciudadanos cumplen con las normas de convivencia porque comprenden que es la forma más eficaz de estar en sociedad. Los mejores, que deberían ser quienes nos gobiernen, deben ser los más estrictos seguidores de la institucionalidad republicana. El nuevo Gobierno y, en general, los servidores públicos de todo nivel requieren comprenderlo con claridad, porque si no lo hacen, los efluvios de la petulancia les envanecerían, alejándolos del entendimiento de su condición de mandatarios y asalariados públicos al servicio de la sociedad y de la República.

Hacia ese nivel de conciencia y de praxis debemos ir. Se debe trabajar para ello, pues no es suficiente que esté escrito, porque además de predicar con el ejemplo, se debe reflexionar siempre sobre cada actitud para que la virtud republicana inspire, sea elogiada, y cuando no se la alcance, ese comportamiento merezca vilipendio, escarnio y sanción legal. Esas virtudes cultivadas sistémicamente nos llevarían a la sobriedad, solidaridad, compromiso con la superación de la desigualdad social y orgullo por aportar al desarrollo del país. Las afectaciones vanidosas de los que no son nada y necesitan autovalidarse a través del oropel burocrático se descartarían y serían vistas en su real dimensión, esto es, como vanas y contrarias al austero espíritu de los verdaderos republicanos. Porque el que es, no necesita de poses, títulos, atuendos o cualquier tipo de artilugio para ser reconocido. Como sociedad estamos listos para valorar la sobriedad y la honradez, así como lo estamos para reemplazar la propaganda política por la efectiva acción social. (O)