En medio del desolador cuadro en que vivimos observando que a las instituciones ecuatorianas todos los días les arranchan un pedazo del botín, sin esperanza de mejora, la sociedad civil debe asumir la responsabilidad de rescatar al Ecuador, antes de que sea demasiado tarde. Muchos ciudadanos reclamamos que el Gobierno llame a una consulta popular para enderezar el rumbo; el Gobierno se comprometió a hacer la convocatoria, pero parecería que el presidente de la República no está muy decidido, aunque, luego del mensaje del 24 de mayo, el ministro de Gobierno manifestó que tienen muy avanzado el texto de las preguntas. Pero, mientras seguimos en este incierto ambiente, el Ecuador se cae a pedazos: no sabemos si el suspendido presidente de la más alta Corte de Justicia volverá a su función o será destituido por el secundario órgano administrativo llamado Consejo de la Judicatura; no sabemos quién vencerá en la disputa por la presidencia de la Asamblea; en esta, la nueva mayoría resolvió desconocer los amparos judiciales, y, nuevamente, no sabemos si la Función Judicial reclamará por el respeto a sus prerrogativas; este procedimiento ha sido condenado por el ministro de Gobierno y un vocero presidencial, pero muy luego han declarado que no es asunto de su competencia, olvidando que el primero de los deberes y facultades del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir las leyes. Hemos dicho que si la Función Ejecutiva considera ilegal la elección del presidente de la Asamblea, debería impugnarla ante la Corte Constitucional. Si no lo hace, el nuevo presidente llevará adelante la anunciada agenda de la Asamblea, que incluye el juicio al Consejo Nacional Electoral; el juicio en contra del Consejo de la Judicatura; y, luego –la joya de la corona–, el enjuiciamiento a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, con lo que la nueva mayoría habrá cumplido con el sueño de sus sueños y designará contralor, fiscal y, en fin, todos los organismos de control. Así, se habrían impuesto. Un nuevo Consejo de Participación querrá, indudablemente, destituir a la actual fiscal general que ya está actuando en contra de esta nueva banda delincuencial, identificada, esta vez, por una foto de piscina –que no es de bañistas, como las de las películas de Esther Williams– exhibida por ese otro impertérrito fiscalizador, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tanto molesta a la nueva mayoría, que procurará, también, destituirlo.

Me parece que estas nuevas realidades deberían mover a la ciudadanía independiente, patriota, a participar en la elección del Consejo de Participación que tendrá lugar en febrero próximo, junto con las elecciones seccionales. Está en juego la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Nos equivocamos anteriormente al no presentar candidatos para ese Consejo porque pensamos que debía suprimírselo de la Constitución, pero todo intento ha sido inútil. Hemos propuesto, por iniciativa del doctor Simón Espinosa, derogar en plebiscito la Constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998, en la que no constaba este Consejo, pero predicamos hasta aquí en vano. Mientras tanto, la ciudadanía debería participar y rescatar ese Consejo. (O)