El 30 de noviembre de 1804, el Congreso de los Estados Unidos de América decidió llevar a juicio político (impeachment en inglés) al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Samuel Chase.
La facultad para llamar a juicio político a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia consta en la sección 4 del artículo II de la Constitución de ese país: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors…”. En español, la disposición constitucional citada dice que el presidente, el vicepresidente y todos los oficiales (autoridades públicas) podrán ser removidos de sus cargos mediante juicio político, por causa de traición, sobornos y por otros delitos y faltas graves. Y obviamente, dentro de la denominación officers sin duda alguna entran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues son autoridades, funcionarios públicos.
Chase, quien había sido suscriptor de la declaración de independencia, como representante de Maryland había ingresado a la Corte Suprema en 1796, y era un entusiasta federalista, con temperamento explosivo, que no ocultaba en sus apariciones públicas ni en sus actuaciones como magistrado del alto tribunal de justicia de los Estados Unidos.
El congresista John Randolph, representante del estado de Virginia, afín a la línea política del entonces presidente Thomas Jefferson, fue quien lideró el proceso de destitución contra Chase, acusándolo de comportarse de manera arbitraria, opresiva e injusta, al anunciar su interpretación legal de la ley de traición, antes de que se escuchara a la defensa, de negarse a destituir jurados con cuestionable parcialidad y de excluir o limitar a los testigos de la defensa, en dos casos políticamente sensibles.
Una vez que la Cámara votó a favor de destituirlo y el caso pasó al Senado, los fiscales del juicio (miembros de la Cámara de Representantes) esperaban demostrar las acusaciones que justificarían su remoción.
El artículo final del juicio político votado por el Congreso acusó al juez de promover continuamente su agenda política desde el estrado, con lo que “tendía a prostituir el alto carácter judicial del que estaba investido, en beneficio de un títere electoralista”.
A inicios de 1805, cuando se inició el juicio político en el Senado, este estaba compuesto por 25 republicanos jeffersonianos y nueve federalistas. Chase alegó que estaba siendo juzgado por sus convicciones políticas y no por ningún delito o falta prevista en la Constitución.
Al final, al menos seis senadores republicanos se separaron de la línea jeffersoniana y aunque la votación fue mayoritaria por la destitución, no alcanzó las dos terceras partes, por lo que el magistrado Chase volvió a sus funciones, en las que se mantuvo hasta su muerte en 1811.
He considerado oportuno citar este caso para demostrar que la responsabilidad política de un funcionario público no puede tener excepciones (Corte Constitucional) y que cualquier abuso o distorsión de las instituciones no proviene de la ley, sino de los seres humanos que las aplican. (O)
