Grave, porque somos sociedades basadas en energía y la electricidad es clave en esa matriz. Afecta a oferta y a demanda: interrupciones en producción, dificultad para movilizarse, incertidumbre, costos más elevados, y mucho más. Solo hay una solución: encontrar todos los medios para disponer de electricidad, dentro de la filosofía de que “la energía más cara es la que no hay”, pero también “cuánto estamos dispuestos a pagar”. Y hay al menos tres líneas de acción:

Uno, lo inmediato. Poner al día todas las unidades disponibles. Importar de Colombia aunque ellos también tienen estiaje, pero además hacen parte del “grupo” que considera a Daniel Noboa como un “enemigo” (por el tema México y las fraudulentas elecciones en Venezuela). Instalar la ya contratada barcaza y, ojalá, otras. Adquirir unidades termoeléctricas. Potenciar el uso de instalaciones privadas. Incentivar vía tarifas el uso eficiente en hogares, empresas y sitios estatales.

Dos, el largo plazo. Seguir proyectando inversiones, porque con altos y bajos la economía crece y la demanda energética también. Seguiremos necesitando más energía hidroeléctrica porque ahí tenemos un potencial valioso, y ojalá con buenas opciones en el lado occidental para no concentrar los riesgos como hoy sucede. Energías renovables en las que también tenemos buenas opciones: eólica, solar y otras. Y sin duda termoeléctricas y a gas.

Tres, disponer de unidades de “seguro”. Las personas contratamos seguros de salud “por si acaso”, si nada sucede nos quejamos porque es un “costo que no me ha servido”, pero cuando algo pasa... “qué bueno haberlo contratado”. Lo mismo frente a la incertidumbre con el clima y su impacto energético: disponer de unidades para eventos negativos. ¿A cualquier costo? No, igual que frente al seguro personal, pensar en costos y condiciones, pero es indispensable.

¿Quién enfrenta estos tres aspectos? La reacción inicial puede ser: el Gobierno. Así hemos construido un sistema muy malo, donde el Estado maneja desde la planificación hasta la operación final. Erramos porque el Estado tiene casi todos los incentivos negativos (estos y más): se enfoca políticamente como la ley que impide incluir la recuperación de las inversiones dentro de los costos o no cobra a morosos, tiene recursos muy cíclicos y no siempre en el momento adecuado, hace obras costosas donde la corrupción es más atractiva, tiene una visión no de incentivos sino de transferencias sociales (¿cómo ayudo a ciertos grupos?) a través de fijar precios irreales (en lugar, al menos, de transferencias monetarias directas). Por eso es indispensable la participación privada que está muy limitada, por la filosofía de las leyes y solo para acciones secundarias. Retomo lo de hace tres meses: la base de un sistema razonable es dejar que los precios reflejen la relación entre oferta y demanda, pues conllevan información clave sobre necesidades y enfoques de las partes, incluyendo las utilidades e incentivos en cada etapa. ¿Qué hacer? Eliminar el monopolio estatal. Precios que reflejen los incentivos correctos. Participación e inversión privada en todo el proceso y todas las energías. Negociación entre privados, no solo vía el Estado. ¡Cambios legales y mentales, nada imposibles! (O)