Si estamos, puede decidir por la “opción militar” contra los criminales armados; para ello, debe definir las frases escritas en decretos ejecutivos y repetidas por autoridades de su gobierno, asambleístas, operadores de justicia, autoridades de gobiernos autónomos, mandos policiales y militares, tales como: estamos en guerra contra el crimen organizado; actuaremos con fuerza dentro del marco de la ley; respetaremos los derechos humanos; ya activamos los protocolos de seguridad; haremos uso progresivo y proporcional de la fuerza; el problema es heredado de otros gobiernos permisivos con la narcodelincuencia; la Policía no tiene la capacidad para controlar el incremento criminal; los fiscales y jueces dejan libres a los delincuentes; la Corte Constitucional no permite, etc. Expresiones que denotan que no se puede hacer nada.

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Estamos en una guerra abierta declarada por el crimen organizado a los ciudadanos. Una guerra implica el desarrollo de un fenómeno cuyos resultados son de difícil pronóstico, con pérdidas de vidas humanas. En términos tradicionales, es el enfrentamiento entre fuerzas armadas regulares de dos o más Estados por algún objetivo político-económico; también cuando una fuerza armada regular de un Estado enfrenta a una fuerza armada irregular del mismo, por razones políticas-ideológicas. En Ecuador existen organizaciones que manifiestan tener su propia nación, se autodenominan latin kings, ñetas, tiguerones, lobos, lagartos y otras de fieras que nos están sometiendo al miedo y terror, haciendo ver al mundo un Estado incompetente e incapaz de contrarrestarlos.

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El líder político de un Estado tiene en su poder la opción militar para controlar, neutralizar o eliminar cualquier amenaza que atente contra la vida de los ciudadanos. En nuestro país hay muchas acciones delincuenciales que han terminado con la vida de policías, militares, ciudadanos honestos y familiares, estas vidas son la “causa justa” que debemos flamear para quitarnos de encina el manto terrorífico impuesto por las armas de bandoleros.

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Señor presidente, una guerra no se libra como usted anda promulgando dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos de quienes nos asesinan. Autoridades del Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía, ¿qué significa “ya activamos los protocolos de seguridad”?, por qué no dicen claramente que están atados de las manos y a merced del arma asesina de gente sin moral, para quienes la vida de un semejante no vale nada.

Asambleístas, por qué tratan de definir circunstancias hipotéticas sobre “el uso progresivo y proporcional de la fuerza” sin conocimiento de la realidad, cuando un agente del orden enfrenta a asesinos con mayor capacidad. La institución militar y policial debe eliminar de su doctrina la frase “proporcionalidad de la fuerza”, un funcionario del orden del Estado debe siempre aplicar mayor fuerza para someter al enemigo; no deben formar temerosos para cumplir la responsabilidad de darnos seguridad.

¡Señor presidente, la opción militar la tiene! Ojalá, las naciones delincuenciales no terminen encerrando a la nación ecuatoriana o haciéndola huir. (O)