Ni los hechos ni las estadísticas conmueven, en general, debido a la violencia y los abusos sexuales cotidianos, que se han vuelto comunes y que casi resbalan a todo nivel en una sociedad indolente e indiferente, solo hasta cuando le pasa a alguien de la familia.

Además de la violencia en medio del conflicto armado interno, espeluznan los datos y la realidad de los abusos sexuales e incluso las violaciones a menores y especialmente a niñas inocentes, a mano de seres execrables que merecen la mayor de las penas, aunque eso no repare los daños irreparables causados, que quedan para el resto de la vida.

Los peores males constituyen los malos ejemplos que enseñan aquellos que están en la vitrina pública y con mayor razón si han sido o son autoridades y peor administradores de justicia, que debieran dar buenos ejemplos y no protagonizar escándalos y peor abuso sexual con actos pornográficos.

Según datos oficiales, como explica un académico, hubo más de 58 mil casos de violencia en seis años (2018 y 2023) y lo grave, que refleja los altos niveles de impunidad, solo el 4,15 por ciento llegó a sentencia. A eso se suma que no todos los hechos de violencia sexual son denunciados. Más del 50 por ciento desiste de sus denuncias y vive con el dolor y el trauma para el resto de su vida sin enfrentar al agresor.

Qué decir de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que sufren de abuso sexual dentro o fuera de los establecimientos educativos, en medio de la desidia, en algunos casos de las autoridades, que por acción u omisión no actúan de forma inmediata y firme para cortar, con sanciones ejemplares, estos hechos repudiables.

Si la mayoría de casos no es visibilizado, qué decir de los escándalos públicos protagonizados por asambleístas, jueces y otros políticos, que sin ruborizarse son investigados, unos que están en la cárcel con sentencias condenatorias, otros con prisión preventiva, otros suspendidos en sus labores y otros libres y desafiantes luego de cometer sus abusos sexuales.

En la historia reciente, un asambleísta fue sentenciado a 19 años por violación y fue a la cárcel. Otro con prisión preventiva acusado de una violación a una menor de 12 años, allegada al entorno del mismo movimiento político, que cuando se hace público le expulsan tardíamente al compañero de la agrupación.

Estos ejemplos y tantos casos se evidencian a diario en las unidades de flagrancia de la Fiscalía en donde se vive el drama por las denuncias de los abusos sexuales a las que comparecen niñas y adolescentes, que a veces se les revictimiza.

Ha entrado en debate la propuesta de la castración química que ha propuesto el presidente para los violadores con sentencia condenatoria, al igual que el establecimiento de un registro de estos delincuentes. Ya en el 2019 se aprobó en la Asamblea un proyecto de ley del registro de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas y adolescentes, que fuera vetado parcialmente por el Ejecutivo y la Corte Constitucional de entonces dictaminó que no se podía desconocer las obligaciones del Estado relativas a la rehabilitación y reinserción social de estos sujetos, a sabiendas que en el país no funciona está rehabilitación social.

Esto debiera sensibilizar y concienciar a todos, encauzar los procesos educativos, rescatar las enseñanzas de la ética, la moral y la cívica en los establecimientos, pero fundamentalmente la formación de seres humanos en valores, más allá del aprendizaje de las materias del pensum de estudios. (O)