Me refiero a la obligación de elecciones primarias de fuerzas políticas, para los sufragios de febrero del 2025, que se han realizado hasta el sábado 17 de agosto. Habrá posibilidad de alianzas hasta el 30 de agosto, por lo que algunos dejarán de ser candidatos.
Hay miles de candidatos, en 17 binomios presidenciales y para asambleístas, nacionales y provinciales, y parlamentarios andinos.
Los que controlan en las fuerzas políticas sus membretes y sus números serán candidatos o mercadearán la ubicación en las papeletas, en unos casos gratis, al estimular el interés para la figuración; en otros, pidiendo el compromiso de aportar un financiamiento para la campaña, con tufo de venta de postulación en una papeleta. Sin duda hay los que tienen lideratos o generan adhesión que son demandados por fuerzas políticas.
Para la elección de febrero del 2025, el caso del presidente Daniel Noboa es singular, está en el poder y lo ejerce, no piensa dejarlo temporalmente. Rafael Correa aparece como “ausente”, aun cuando está presente, porque es el que decide en “Revolución Ciudadana” y es un trabajador político a tiempo completo.
Sorpresas siempre puede haber. Lo habría podido ser Fernando Villavicencio el 2023 y lo mataron. Daniel Noboa lo fue el 2023. ¿Para el 2025 habrá sorpresa?
¿Hay condicionamiento ideológico determinante?, para nada.
Todos hablan de estar contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y la violencia, siendo que en algunos son evidentes los vínculos que llevan a identificarlos como protectores y/o protegidos por aquellos.
En teoría no debe haber precampaña electoral ni gasto electoral que no esté controlado, condiciones escandalosamente violadas. Esto solo será investigado con dedicatoria contra algunos. Siempre habrá la justificación de que alguien a costo propio actúa. La publicidad intensa y notoria de “Sarmiento es pueblo”, que ha apoyado a unos y a otros lo evidencia.
Las ofertas electorales abundarán. En una realidad nacional muy deteriorada, todo puede ofrecerse.
En obligaciones de pago, desde el gobierno de Correa se asumió como política de gobierno trabar pagos y en eso se ha profundizado, lo cual multiplica la corrupción, sea para contratar, sea para pagar/cobrar. Quienes no pueden cobrar, tampoco pueden pagar. Empresas que no caían en mora, hoy no pagan. Cuando no pagar pasa a remuneraciones, la angustia se extiende a lo social y contagia a otros.
La oportunidad es esencial para las actuaciones de Gobierno. No se realizan oportunamente los procesos contractuales, por lo cual se interrumpen servicios.
El caso de los seguros es grave, al no haber la siguiente contratación, se pierde la cobertura y, de darse los siniestros, las pérdidas serán elevadas. Nada se saca si solo se sindica a responsables.
Y hay más bombas de tiempo. Entre otras, no hay plazas de trabajo para decenas de miles de ecuatorianos egresados y titulados, cuyas familias gastaron sus limitados ahorros para que estudien. De hecho, ellos y sus familias están condenados a la insolvencia. Mientras tanto, a un show siguen otros. (O)
