El 27 de noviembre en el editorial de este Diario se mencionó que “la Policía Nacional registra entre enero y mediados de octubre de este año la retención de 3.806 menores de edad por diversos delitos”.
La cifra es alarmante y confirma lo que la ciudadanía constata diariamente. Es un tema que lleva a la discusión de si los adolescentes infractores que participan en delitos contra la vida deben ser juzgados como adultos.
Mundo criminal recluta a adolescentes
En estos días se debatía en la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que por ahora se ha suspendido. Un punto de controversia ha sido la edad hasta la que se imputaría la falta.
Este artículo no se centrará en el tema del proceso legal, sino en lo posterior si la sentencia implica privación de libertad.
La adolescencia es un periodo decisivo en la formación de los seres humanos; es la edad en la que necesitan ejercer su libertad, expresar su creatividad, sus criterios y sus críticas, pero también es cuando se agudiza la necesidad de integrarse a la sociedad y ser aceptado, no solo por su familia, sino también por sus pares. Es entonces cuando el grupo social en el que se desenvuelven tiene gran importancia en su desarrollo, en sus aspiraciones, en sus decisiones y básicamente en los valores que predominan o se desechan.
Lo que antecede es suficiente para dejar claro que el lugar donde deben permanecer el tiempo fijado por la sentencia no es el tipo de cárcel al que van los adultos.
Los adolescentes infractores son, deberían ser, sujetos de rehabilitación, lo que es una tarea compleja que requiere la intervención interdisciplinaria de especialistas: psicólogos, pedagogos especializados, instructores de profesiones u oficios y la preparación de la familia a la que van a reintegrarse cuando salgan.
La asesoría psicológica es fundamental para entender las causas que los llevaron al delito y requieren terapia individual y grupal. En otras palabras, hay que prepararlos para una nueva forma de vivir.
Hay que considerar también que encontrarán un estigma social y que tendrán recursos limitados o ninguno. Entonces, requieren espacios que les brinden la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, lo cual bien podría ser considerado como un paso final en el proceso de rehabilitación.
Pero no solo hay que pensar en los que ya conocieron y participaron en el mundo del delito, sino que cada delito cometido no solo por adolescentes, sino también por niños, debe ser considerado como un llamado a la prevención, porque, además, si no se castiga a quienes los invitan, los atraen y los forman con la promesa de dinero fácil, unos se rehabilitarán y otros los reemplazarán en las acciones criminales.
La tarea no es fácil. Un buen proyecto de rehabilitación y prevención requiere recursos económicos y humanos sostenidos, permanentes y prioritarios, pero se trata no solo de mejorar el presente, sino también de construir el futuro. Habrá que considerar que está en juego no solo la realidad actual, sino también lo que vendrá. (O)
