Se conocieron resultados oficiales de auditorías que evidencian el cometimiento de atrocidades en la venta de diésel con alto componente subsidiado por el Estado, entiéndase mejor por el pueblo ecuatoriano, desvirtuando su real objetivo de estimular a sectores que lo necesitan para mantener competitividad en el mercado internacional o para evitar que afecte al transporte de personas y alimentos de las clases populares, afectadas por el desempleo y la pobreza. De acuerdo con las regulaciones, tienen derecho al producto con menor costo que el elaborado localmente o importado, actividades estrictamente focalizadas como la atunera y la pesca artesanal, facturando a $ 1,79 por galón, las demás tareas tienen que pagar $ 2,79 o un dólar más por unidad; pero, por encima de ineficaces controles, malos ciudadanos se las ingenian para lucrar ilícitamente y aprovecharse de este beneficio, desviándolo a otros ámbitos no autorizados, con pingues utilidades.
Dos esquemas de comercio ilegal de combustibles se detectaron en investigaciones del Gobierno
Es un llamado de atención para los sectores productivos, como el agrario, a que ajusten su proceder si hubiesen caído ingenuamente en la adquisición de diésel irregular, lo cual es posible porque los delincuentes de este lucrativo negocio, pero fuera de la ley, aparecen como si todo estuviese en orden, engañando a sus clientes, emitiendo facturas aparentemente en orden, sin saber que estarían prestándose para alentar y difundir una acción al margen de la norma e irrogando daño al país por el alto egreso de la importación de diésel en montos que bien podrían destinarse a obras sociales que tanta falta le hacen al país o para impulsar el desarrollo agrícola, por ejemplo.
El anómalo y delictivo hecho fue evidenciado meses atrás por un respetable gremio como la Cámara Nacional de Acuacultura en la persona de su dinámico presidente José Antonio Campozano, quien lanzó el grito de alarma cuando determinó que gasolineras con cupos establecidos por Petroecuador los habían astronómicamente rebasado, no solo en aquellas cercanas a las fronteras terrestres y marítimas, por el contrabando, sino otras instaladas en todo el territorio nacional, recomendando se realice un “barrido a nivel nacional” en el que intervenga activamente el Servicio de Rentas Internas (SRI), examinando facturas, actor por actor, revisando guías de remisión, con indicación del origen de las compras, cruzando información digitalizada extraída de la facturación obligatoria, revisando escrupulosamente el destino final que podría ser a la minería informal y otras no registradas.
Hay señales que el “diésel vehicular”, que goza también de la ventaja, es desviado a otros fines al igual que el pesquero artesanal. Estas violaciones determinan una cifra elevada de diésel subsidiado –a la que habría que sumar lo que resulta de burdas triquiñuelas como dejar saldos en los tanqueros o entregar menos cantidad en los pedidos– que circula en las provincias del país o sale de las fronteras patrias configurando un inmenso volumen que origina distorsiones del mercado en perjuicio de empresas que se ajustan a la formalidad con imposibilidad de competir frente a las piratas que abundan en el medio agrícola e industrial. (O)
