Montesquieu dijo: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura las potestades legislativa y ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad porque se teme que el mismo monarca o Senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente”. La teoría del filósofo francés ha sido sepultada por el poder político y económico en Ecuador. Y aún más, la práctica de siglos en el orbe.

El vicio nació con una malhadada norma constitucional, que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional. Es tentador que, por causas como una grave crisis política y conmoción interna, aquel pueda cesar al órgano legislativo o que éste pueda hacer lo propio con el mandatario, por la salud de la nación. Sin embargo, ahí donde hay genuina democracia, sólo el pueblo debe tener tal facultad, porque el pueblo los eligió. Y la tiene con la figura de la revocatoria del mandato que la Constitución consagra y las autoridades aplican indebidamente una ley que la inutiliza, sin que nadie haya hecho nada para impedirlo. Además, el precepto contiene una grave deficiencia: No dice que dichas crisis y conmoción interna deben ser imputables a la Función estatal acusada del mal.

Así, el jefe de Estado, después de que le falló la intimidación que hacía más de un año venía realizando sobre la Asamblea y que mantuvo hasta la hora final del juicio político iniciado en su contra, presumiendo que su destitución era inminente, de un plumazo borró a sus acusadores, sin dejar que la ciudadanía, cuyo juicio es el que verdaderamente importa, pueda saber quién tiene la razón. Apuñaleó a la democracia y a la Constitución porque había un cuestionamiento político en marcha, se burló de ellas. Es inadmisible que haya alegado la existencia de una crisis política y conmoción interna, ya que su juez constitucional ejerció legítimamente su potestad. Es insólito que un cargo como es el cometimiento de un delito grave, cualquiera de los señalados en la Carta Magna para el proceso político, pueda quedar impune. ¡Por ahora! y habrá que esperar las decisiones judiciales.

Al hacer público su decreto declaró que era nula la confianza de la ciudadanía en la Asamblea. No la canonizamos, pero es paradójico, por decir lo menos, que el presidente más impopular de la historia lo haya dicho. La sindicó de sedición. Quería un órgano sumiso que no objete como lo hizo, sus proyectos de leyes que menoscababan los derechos de los trabajadores y promovían escenarios que la oposición consideró privatizadores, idea con la que se alinea el gobierno nacional, que ha gobernado a favor de una minoría. ¿Cuál fue la respuesta del mandatario? Manifestar que los asambleístas eran chantajistas, ladrones, lo que no hubiera expresado si se aprobaba su proyecto de ley. Después, por cálculo político retiró la denuncia que en la Fiscalía presentó contra esos asambleístas, lo que demuestra que no hay que tomar en serio sus arrebatos éticos. Su afán de someter a la Asamblea se mostró cuando logró poner de su lado a legisladores de otros movimientos y a la presidenta Guadalupe Llori y a través de sus agentes en el Consejo de la Judicatura intentó que no pierda el puesto. ¿Quién ha atentado contra la institucionalidad del país? También lo consiguió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ha rehuido dar cuenta de las dudas en su contra, como sus inversiones en guaridas fiscales.

Mas, la Corte Constitucional debió establecer que era inconstitucional la despedida de los legisladores, no obstante, con rapidez rechazó las demandas que lo pedían, renunciando a sus atribuciones, yéndose en contra de sus pronunciamientos respecto a la conmoción interna. Afloró su compromiso con el poder que los puso ahí cuando inconstitucionalmente el Consejo del trujillato defenestró a sus predecesores, en su pretenso propósito de desmontar el autoritarismo y lo que hizo fue seguir atentando a las instituciones del país. ¡Destrucción tras destrucción!

Y como el poder sin armas no es poder, para rematar la fiesta antidemocrática las cúpulas militar y policiaca, sin rubor alguno, aclarando que eran respetuosas de la Constitución, declararon que el presidente actuó de acuerdo a la Constitución.

Ahora, con una Corte favorable, el señor de Carondelet puede resucitar su proyecto neoliberal sin estorbos. Un país sin Asamblea significa, entre otras linduras que, faltando definitivamente el presidente y el vicepresidente de la República, ya no habría quién los subrogue temporalmente.

Un pueblo no puede vivir sin democracia, las elites sí pueden, siempre conspiran contra ella, asesinan, encarcelan y desprestigian a quienes se oponen a sus mezquinos intereses. Habrá patria al final. (O)