El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó con el carácter de “urgente” a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, el 27 de enero de 2022; según la página web de la Asamblea (08/02/2022), se encuentra en revisión del Consejo de Administración Legislativa, segundo paso de los trece que debe completar.

No está asignada a la comisión respectiva.

El proyecto toma como base los altos índices delincuenciales, la situación terrorífica de las cárceles, el uso progresivo de la fuerza y la seguridad pública; rescata el concepto de “Fuerza Pública”, compuesta por Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional (PP. NN.), esta vez incluye al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Al respecto:

-Se crea un nuevo órgano: “art. 10. (…) El Consejo Nacional de Política Criminal es un órgano que asesora al Sistema de Seguridad Pública y del Estado”. ¿Será al final otro nivel burocrático nacional, que luego se expandirá a provincial, cantonal y parroquial?

-Se subordinan FF. AA. a la PP. NN. y Ministerio de Gobierno: “art. 12. (…) La Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración será siempre en operaciones específicas comandadas por la Policía Nacional y subordinadas a la autoridad civil. ¿Habrá sido socializado con FF. AA. o nos estarán conduciendo a un Estado policial, como desean muchos progresistas?

-Se garantiza el apoyo legal privado o público a policías, “art. 17. Patrocinio en las investigaciones y procesos penales en contra de los servidores policiales”. ¿Los servidores de FF. AA. y Vigilancia Penitenciaria solo tendrían derecho al defensor público como cualquier ciudadano, es justo?

Estoy consciente de que nuestro Estado debe fortalecer el ejercicio de soberanía en lugares que está ausente o su acción es débil; la seguridad pública es la tranquilidad del ciudadano, para ejercer sus derechos individuales libremente; los agentes del orden público deben proteger al ciudadano; la seguridad jurídica está muy cuestionada y debilitada; la soberanía nacional reside en nosotros los ciudadanos; elegimos a quien nos represente para hacer leyes que permitan nuestro desarrollo con seguridad. La inseguridad aumenta.

Somos un país plurinacional con conciencia, voluntad y dignidad; deseamos seguridad, bienestar y acciones políticas claras del Gobierno. No somos un estadio social de cazadores o recolectores de frutos. ¿Cómo se aplicará este proyecto de ley si en la Constitución hay una justicia paralela, la indígena, y en territorios ancestrales hay oposición a que operen las fuerzas de seguridad del Estado?

Qué difícil es gobernar el país con una constitución que falla en forma y fondo, donde algunos representantes elegidos a la Asamblea se conducen orientados por caudillos con intereses personales y están inconscientes de su precario poder; nos dirigimos a un Estado policial con un nuevo Consejo Nacional de Política Criminal, ¿por qué no lo llamarían contra el crimen?

¡El Estado, tortuga; la delincuencia, liebre; y seguimos con la utopía de fortalecer la seguridad! (O)