El tema del déficit de vivienda ha sido recurrente en esta columna, durante los últimos años. Es un tema persistente y delicado, mencionado públicamente por los candidatos solo en tiempo de elecciones. El expresidente Moreno ofreció un millón de viviendas durante su campaña; pero ya en el cargo, el número de nuevas viviendas construidas fue de aproximadamente 160.000.

Seguimos viendo el problema de la vivienda como un número en una tabla de Excel que hay que reducir. Para bajar la mencionada cifra, recurrimos a maniobras constructivas desesperadas, como construir viviendas con técnicas similares a las usadas para gallineros; enluciendo el mortero sobre mallas y haciendo cubiertas de zinc, que generan microclimas insoportables en el interior de las viviendas. Dicho en otras palabras, para darles vivienda a los ecuatorianos tendemos a bajar los costos constructivos y terminamos metiendo familias a vivir en espacios no dignos.

Otra falla que se comete es la omisión de la vivienda como un generador de comunidades. Construimos casitas al granel, olvidando integrarlas con espacios públicos decentes que permitan la integración entre vecinos y el crecimiento adecuado de los más pequeños. Sin buenos espacios públicos como enlace, el espíritu de cuerpo entre los habitantes jamás se fragua, y las familias se quedan como células independientes que no se ayudan entre sí. Sin embargo, uno de los aspectos que más estancan el desarrollo de la vivienda popular es la estrategia con la que enfrentamos el sentido de propiedad. Partimos de la premisa de que la vivienda popular debe ser propia; y eso casi siempre se debe a que los proyectos habitacionales se realicen en terrenos que sean propiedad del Estado, casi siempre ubicados en las periferias de las ciudades y no tan cercanos a potenciales fuentes de trabajo. El nuevo propietario entonces se ve obligado a gastar en transporte para su trabajo y para la educación de sus hijos.

Sin cerrar por completo el desarrollo de viviendas propias, se debe pensar en el desarrollo de proyectos de viviendas destinadas al alquiler de estas. Casi todos los proyectos de vivienda popular desarrollados en los países de la Europa Occidental recurren a la oferta de viviendas para el alquiler. En este campo, el Ministerio de Vivienda podría aliarse de manera estratégica con organismos públicos que sean propietarios de terrenos mejor ubicados dentro de la mancha urbana. El IESS y los municipios pueden cumplir con tal requisito. Solo en Guayaquil podemos mencionar dos ejemplos interesantes en su momento. Las casas colectivas del Seguro tuvieron su buena época, al igual que los bloques del Seguro, frente al parque Forestal, diseñados por Pablo Graff. El pasado aún tiene mucho que enseñarnos.

Finalmente, y no menos importante, la problemática de la vivienda debe también involucrar al campo. Desde el Hábitat III nos hemos quedado con el mantra de “El derecho a la ciudad” en la cabeza. Nadie le niega a nadie la oportunidad de vivir y prosperar en las ciudades, pero convertir a la ciudad en el único medio para una vida decente puede ser una riesgosa arma de doble filo. (O)