El regreso a clases este 5 de mayo para el régimen Costa y Galápagos obliga a una responsabilidad colectiva por la alerta epidemiológica que rige a Ecuador ante los crecientes casos de tosferina y fiebre amarilla. El Gobierno ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla por 60 días en planteles de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Guayas.
Precisamente en esas provincias se han detectado 321 casos de tosferina, mientras que en Morona Santiago y Zamora Chinchipe la autoridad de salud registra cuatro pacientes con fiebre amarilla. A causa de esta última enfermedad, en el vecino Colombia se declaró la emergencia sanitaria desde el mes pasado.
Ecuador ha dispuesto medidas específicas. Además de la mascarilla, habrá vacunación en las unidades escolares contra la tosferina, con la autorización de los padres, y en casos de síntomas se debe reportar para establecer un cerco epidemiológico. Por la fiebre amarilla también se ha recomendado la vacunación para personas de 1 a 59 años que no hayan recibido una dosis en su vida. Y desde el 12 de mayo se exigirá carné de esta vacuna a los extranjeros que provengan de Perú, Colombia, Bolivia y Brasil.
Publicidad
Ministro de Salud visita Taisha, donde se han reportado ocho menores fallecidos por leptospirosis
Llama la atención que el uso de mascarillas no se imponga en toda la Costa como medida de prevención, aunque no se hayan reportado oficialmente casos en zonas no incluidas por el Gobierno. Los ecuatorianos son afectos a los viajes y eso expone, sin duda, por ello los padres también tienen un rol crucial: proteger a sus hijos no solo con el barbijo, sino recordando sencillos hábitos, como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol y buscando atención en caso de síntomas.
Fiebre amarilla, tos ferina y tuberculosis, tres alertas en la región de las Américas
La tosferina, altamente contagiosa y peligrosa especialmente para niños pequeños, y la fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, representan amenazas serias a la salud pública. La educación y la salud son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar y la comunidad involucrarse para compartir responsabilidades y exigir cumplimiento en pro de la vida. (O)