Quito, Guayaquil y Cuenca no solo son las ciudades más pobladas del Ecuador, sino los lugares donde la Fiscalía General del Estado registra más noticias o casos de estafas. Métodos convencionales siguen vigentes, según los registros, pero también la tecnología se convierte en herramienta de los delincuentes.

Los datos puntuales anotan 10.678 noticias de delitos (NDD) y víctimas sobre estafas entre enero y mayo de 2024. De estas, 3.262 están en la capital, 1.757 en Guayaquil, 539 en Cuenca y el número restante se reparte en todo el país.

Las señales de alerta cada vez son más evidentes y aunque en redes sociales y sociedad se trata de agudizar la agilidad para detectarlas aún la cifra es alta, sin contar lo que no se denuncia.

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La ciudadanía debe conocer que la estafa está tipificada como delito en el Ecuador y que es necesario denunciar y hacer seguimiento de los casos para vencer a la impunidad en todos los espacios.

La Fiscalía tiene el compromiso de llevar ante los jueces a los responsables de las estafas y la función judicial de emitir sanciones por justicia y para recuperar la confianza en la institución. Sentenciar a todo estafador, igual que cualquier otro individuo que comete un delito, es una obligación del Estado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 186 sanciona la estafa con pena privativa de libertad de cinco, siete y diez años, con variaciones según el cometimiento del delito. La ley detalla diversas metodologías, como clonación o alteración de dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, débito u otras, entrega de certificaciones falsas, inducción a la compra o venta pública de valores, cotizaciones o transacciones ficticias, entre otras.

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Una administración de Justicia proba y una ciudadanía sagaz en la detección temprana de posibles delitos y decidida a denunciar serán una dupla efectiva en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Impartir justicia es una obligación del poder judicial, mas todos debemos colaborar y exigir que así sea. (O)