La noche del 3 de septiembre en la avenida Narcisa de Jesús un miembro de la Agencia de Tránsito Municipal detuvo un carro sin placas. Ese día en la vía a la costa hubo un operativo vehicular en el que esta infracción se detectó en más de un caso.
Datos de la Agencia de Tránsito y Movilidad registran que en lo que va del año se han localizado 800 vehículos circulando sin placas, con las láminas de identificación ocultas o adulteradas. Son los registros de 196 operativos en las vías de mayor afluencia.
Una ordenanza municipal de Guayaquil establece que los vehículos sin placas serán retenidos por siete días y el propietario debe cancelar una multa equivalente al 50 % de un salario básico unificado, es decir, $ 230. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) se aplica a nivel nacional y en el numeral 12 del artículo 389 señala que “la persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito” será sancionada con una multa equivalente al 30 % de un salario básico unificado del trabajador en general, y la reducción de 6 puntos en su licencia de conducir.
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Las sanciones pecuniarias sin duda son un golpe al bolsillo, más en época de crisis, pero además los ciudadanos deben considerar que el no portar placas conlleva a un doble riesgo: por un lado se puede ser confundido con delincuentes y por otro, en caso de ser víctimas de secuestros, asaltos u otros delitos dificulta que el automotor pueda ser rastreado con el uso de medios tecnológicos disponibles en ciudades como Guayaquil y Quito.
El cumplimiento de la ley es obligatorio y en medio de un conflicto armado interno los operativos se demandan con más frecuencia. Los ciudadanos están obligados a contar con las láminas de identificación y las autoridades a hacer cumplir las normas para que un carro o moto sin placas no genere más incertidumbre o se use con fines ilegales. (O)
