“La protección que tenemos en CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) ha logrado que desde 2021 ni un solo trabajador haya sido despedido”. La frase es de un dirigente sindical que explica cómo se dio el contrato colectivo de esta empresa y el blindaje que ofrecen los significativos beneficios para quien pudiera salir de la entidad.

‘La indemnización no es para que nos paguen o ganarnos la lotería, es para que no nos boten, 96 % de contrato colectivo de CNEL no se cumple’: Richard Gómez

La semana anterior se conoció que los contratos colectivos de cuatro empresas estratégicas del Ecuador no tienen dictamen del Ministerio de Finanzas, además, el contenido de estos generó comparaciones y críticas en la opinión pública.

Ministerio del Trabajo: Contratos colectivos de las cuatro empresas estratégicas no tienen el dictamen de Finanzas

Un ejemplo es el asegurar un incremento anual de $ 100 al salario, mientras los otros trabajadores en el país esperan cada año un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios o caso contrario la decisión queda en manos del Gobierno central. Para el 2024 el aumento fue de $ 10 y antes, por dos años consecutivos, se había subido $ 25 para cumplir una promesa de campaña de Guillermo Lasso, quien dio su palabra de un alza de $ 100 en su mandato.

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Trabajadores de CNEL tienen asegurada alza salarial de $ 100 al año y si son despedidos es como ganarse la lotería

Un contrato colectivo mejora las condiciones laborales de los trabajadores que ampara. Son distintas a las que rigen el Código del Trabajo y es constitucional, tiene de por medio una negociación que según Richard Gómez, artífice del convenio de CNEL, 27 gerentes dilataron, no tomaron precauciones y un tribunal de arbitraje aprobó.

En Ecuador, qué trabajadores pueden tener un contrato colectivo

Sin duda la razón de ser de un contrato colectivo es el bienestar del trabajador, pero expertos señalan que este debe tener un pronunciamiento del Ministerio de Economía que establezca que no existe una afectación presupuestaria. Gómez sostiene que un arbitraje no lo requiere.

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Será un dictamen legal el que determine lo que ocurrirá con los contratos que no cuentan con un informe del Ministerio de Finanzas (CNEL, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Eléctrica del Ecuador y Petroecuador), pero también se debe indagar por qué se llegó a arbitrajes y si hay responsabilidad administrativa o de otro tipo entre quienes dieron paso a beneficios que para muchos son una excesiva desigualdad entre trabajadores de un país. (O)