Jubilación patronal compartida

Un cambio de figura o forma de aporte combinado a la jubilación patronal será propuesto por el Gobierno al final de este mes. Lo anticipó la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y gremios de trabajadores no lo rechazan, más allá del debido análisis.

La jubilación patronal está vigente desde 1938 y es independiente de la pensión por vejez que entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aunque es un derecho que el Código del Trabajo establece para quienes laboran en una misma empresa por 25 años, no todos logran acceder, ni siquiera al proporcional que se considera para aquellos que por 20 años y menos 25 años prestaron servicio a un mismo empleador. Los motivos son alta rotación o despido, explica la autoridad laboral al argumentar la propuesta.

Proyecto de reforma a la jubilación patronal se presentaría a finales de abril

¿Recibe la misma jubilación un afiliado patronal que un afiliado voluntario?

La intención es que el empleador y el trabajador aporten a un fondo que irá a un fideicomiso y que se acumulará sin importar el tiempo que el empleado permanezca en una empresa.

En los gremios hay reparos en torno a que no sería ya una jubilación patronal, porque hay un ahorro también del empleado. Además, esperan el proyecto oficial para analizar los porcentajes que correspondan a cada sector.

Es positivo que se busquen soluciones que protejan al trabajador y que siendo una carga compartida facilite la productividad y un retiro reconocido en el Código Laboral que, sin embargo, según los mismos gremios es de bajo acceso.

En un reportaje publicado por este Diario, Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), señala que en el país solo el 4 % de los trabajadores acceden a la jubilación patronal, la mayoría son del sector público.

Las propuestas tienen que ser analizadas con detenimiento para tomar las mejores decisiones. La realidad del Ecuador y los trabajadores hoy es distinta a la de 1938 y por ello se plantean revisiones que, no obstante, deben tener dos objetivos primordiales: garantizar derechos laborales y no afectar la productividad del país. (O)