La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las cárceles por disposición del Gobierno central este año dio la percepción de que se retomó el control en esos recintos que desde el 2020 eran escenarios de amotinamientos y masacres.
El Ecuador vive un conflicto armado interno y desde esta declaración, en enero, se controlaron los violentos asesinatos de años anteriores, excepto el motín que dejó tres muertos y ocho heridos en la cárcel Regional de Guayaquil el 28 de marzo. La crisis no está superada y hechos recientes advierten que las autoridades deben estar muy alertas a las cárceles, desde donde, según investigaciones, se maquinaban o se maquinan y ordenan delitos.
La tarde del 12 de septiembre fue asesinada la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil o Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas n.º 1, María Daniela Icaza.
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La Penitenciaría es la cárcel más grande y poblada del país. Ahí están recluidos al menos 6.000 privados de libertad. Las investigaciones revelarán quién o quiénes y por qué se asesinó a su directora. Las autoridades de Gobierno junto con la Función Judicial tienen que actuar con celeridad para que la impunidad no solape a la delincuencia organizada.
Este crimen solo es una nueva advertencia de que la crisis carcelaria no se ha superado. El 31 de agosto pasado, dos guardias de la misma penitenciaría fueron atacadas a bala y el 3 de septiembre asesinaron al director de la cárcel de Lago Agrio, en Sucumbíos, y para colmo, hace ocho días un dron con explosivos aterrizó en el techo de la prisión de máxima seguridad La Roca.
Motivos de preocupación sobran. Los ministerios de Gobierno y de Defensa, así como las dependencias de Inteligencia de la fuerza pública deben estar trabajando sin tregua en la detección de situaciones que amenazan más la deteriorada paz de los ecuatorianos. Lo que se ha avanzado en percepción de seguridad se viene abajo con hechos que conmocionan a la sociedad y el régimen no lo debe permitir. (O)
