Desde este 26 de mayo empresas y organizaciones podrían ser objeto de procesos sancionatorios por falta de aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley de Protección de Datos Personales, como tener el permiso del titular para el manejo de su información en sus plataformas.

Frente a esto es importante que los usuarios de un servicio estén pendientes, conozcan y pregunten qué implica aceptar los términos y condiciones que una empresa imponga para dar ese beneficio.

También es forzoso exigir a las empresas que sus términos sean claros, específicos, no engorrosos ni extremadamente largos; facilitando así la comprensión del ciudadano de lo que representa y el alcance de la autorización que firma, pues no debería pedirse información que no tenga que ver directamente con el servicio.

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Es de bien común que las compañías que funcionan en el país utilicen los datos de sus usuarios específicamente para maximizar y mejorar el servicio que se brinda, y no se compartan externamente con otros fines comerciales, sin que quede claro que se lo hará o sin darle más opción al cliente.

El objetivo principal de la ley es crear entornos digitales seguros y confiables que protejan la privacidad e identidad de los clientes. Algunos analistas consultados creen que los usuarios deben estar tranquilos con las autorizaciones, pues el objetivo es solo impedir el mal uso de la información personal para propósitos comerciales y sin consentimiento, y que incluso sirve para que la compra de bases de datos de orígenes dudosos desaparezca eventualmente.

Con la Ley de Protección de Datos Personales los usuarios también ganan derechos para conocer qué información suya se tiene, pedir rectificaciones, eliminación u oponerse a algún tratamiento de sus datos (artículos del 12 al 20).

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El tratamiento de datos personales es necesario e inevitable en la economía actual y eso implica un cambio cultural. Trabajemos para hacerlo de la manera más beneficiosa para todos. (O)