Son 25 las personas naturales y jurídicas que hasta el 22 de julio pasado se inscribieron con éxito para desarrollar estudios de preferencias electorales. La cercanía de los comicios del 20 de agosto de 2023 despierta el interés por las encuestas, que no implican predicciones, pero mal manejadas se convierten en una herramienta de manipulación y engaño.

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El Código de la Democracia establece sanciones que van de cincuenta salarios básicos unificados ($ 22.500) a doscientos cincuenta salarios básicos unificados ($ 112.500) e inclusive admite la suspensión por seis meses de la autorización de actividades por reincidencia en el caso de que la labor no se ciña a procedimientos, análisis e información obtenida técnicamente. La misma multa se aplica si no hay respeto por la veda impuesta a las encuestadoras o no están inscritas.

La reincidencia en actuar sin haberse registrado puede llegar a la cancelación de la personería jurídica.

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Para los medios de comunicación tradicionales y digitales también hay sanciones económicas y seis meses no se autorizan sus actividades, si publican resultados de preferencias electorales o datos relacionados diez días anteriores a los comicios.

En la actualidad la publicación está permitida, pero en redes sociales no todos los estudios que se difunden corresponden a las entidades autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hay un nulo control en esos espacios.

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Desde los actores políticos y la ciudadanía se ponen en duda algunas encuestas, pero serán los jueces electorales los que puedan determinar irregularidades o infracciones.

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La ley establece que el Tribunal Contencioso actuará ante un reclamo de los sujetos políticos, electores o denuncia del CNE.

Los jueces electorales no pueden permanecer apáticos ante la difusión indiscriminada de encuestas. No deben permitirse esperar una denuncia cuando se exige estar alerta al cumplimiento del Código de la Democracia para garantizar transparencia al elector y que el proceso extraordinario presidencial avance sin opacarse por dudas o infracciones no detectadas. (O)