Las tareas y anuncios del bloque de seguridad para afrontar a los grupos de delincuencia organizada (GDO) se difunden a diario desde el oficialismo. De este mismo sector, pero a través del Ministerio de Educación, se informó este 13 de junio que 28 maestros de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) han recibido amenazas. Esta semana se han registrado atentados contra personas ajenas o contra padres en las inmediaciones de planteles educativos.
Según la Unión Nacional de Educadores de Guayas al menos 200 profesores han reportado ser víctimas de amenazas o extorsiones. El gremio ha pedido declarar en emergencia el sistema educativo en la provincia. No obstante, en los registros de la Zona 8 consta que 25 maestros han sido trasladados para garantizar su seguridad.
La cartera, que ha considerado hay exageración en los dirigentes, afirma que se trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para resguardar a la comunidad educativa. Así debe ser y es lo que exigen padres de familia que en los últimos atentados han llegado presurosos a retirar de las aulas a los niños.
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Para el Estado es una obligación garantizar la educación y seguridad de los niños tal como manda la Constitución y acuerdos internacionales. Cuando se trata del bienestar de los más vulnerables no puede haber manejo político, pero tampoco se debe minimizar advertencias en medio de un conflicto armado interno que evidentemente deja dolor y causa angustia. Si hay exageración la obligación es demostrarlo y evitar que se alimente el miedo.
Toda actuación debe basarse en evidencias. Sería imperdonable que por cálculos, vengan de donde vengan, se ponga en riesgo a niños o la educación.
El Gobierno habla de otras acciones como el programa nacional Comunidades Educativas Seguras y Protectoras y el botón Respo Educ para emergencias. Todo esfuerzo y resultado positivo es bien recibido por la comunidad, que también censurará el uso de un tema delicado para alarmar y si hay evidencias de lo contrario lo repudiará. (O)
