De uno a tres años de prisión es la pena que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 212, para quien suplante la identidad de una persona con el fin de obtener un beneficio.
Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han denunciado que se alteraron sus datos, cambiaron cuentas e hicieron préstamos a su nombre y hoy los valores les están siendo descontados, afectando su economía.
La edad jubilar merece respeto, son personas que cumplieron las aportaciones durante su etapa laboral y se retiran a un merecido descanso; en la mayoría de los casos tienen enfermedades por atender y algunos siguen siendo sostén de hogar.
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Tras una protesta la semana pasada y la presentación de denuncias en la Fiscalía General del Estado, también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puso una demanda en el ente de justicia por las presuntas suplantaciones de identidad para el acceso a créditos del Biess.
Además, el organismo informó que se han identificado tres IP y dos personas que pudieron haber incumplido protocolos de seguridad en el uso de sus roles, las que están siendo investigadas.
Otra acción anunciada por el IESS es el análisis de posible vulneración de los equipos técnicos y el acceso a cuentas que se han denunciado en la presunta suplantación de identidad.
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Esto es lo que cobra un jubilado del IESS en Ecuador este 2024
Al perjuicio económico que se causa a la persona suplantada se suma un daño emocional y psicológico, sin contar el tiempo que representa el seguimiento a una denuncia en la Fiscalía. Es cruel que se exponga a todo eso a jubilados, en su mayoría de la tercera edad.
El IESS ha dado pasos en busca de soluciones, está en la obligación de proteger a afiliados y jubilados. Hay mucho por aclarar y resarcir los daños, si es el caso. La Fiscalía, por su parte, tiene que acelerar las investigaciones y dar con los responsables. Más allá de que tres años son poco frente a los efectos de la suplantación de identidad, la ley debe cumplirse sin espacio para la impunidad. (O)
