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El BDE concedió el año pasado $ 485 millones en créditos a gobiernos locales. El banco trabaja en un nuevo programa ante emergencias por desastres naturales.
En una entrevista radial, Viteri habla del regreso a la política y de su apoyo al actual presidente Daniel Noboa.
Los bloqueos, limitaciones de interacción y/o filtrado de usuarios deben cumplir una serie de requisitos para estar debidamente justificados.
A través de esta norma, aprobada el 26 de marzo, se destinará $ 1 por cada barril de petróleo industrializado en estos territorios.
Estos recursos se destinarán a Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Imbabura, Loja, Azuay, Orellana y Zamora Chinchipe.
Hasta el sábado pasado, los damnificados superaban las 82.500 personas.
Los dispositivos requieren certificados de calibración para funcionar normalmente.
Existe interés de los municipios para impulsar tramos. Hubo un piloto que se aplicó en el norte del país.
El municipio de Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar adjudicaron contratos públicos para las festividades en el cantón.
Corresponderá a los organismos de control hacer seguimiento a los contratos y a la ciudadanía evaluar si las celebraciones se justifican.
Narváez había salido del país y fue traído de Colombia en enero de 2025.
La cartera de Estado destacó que en un año, el gobierno de Daniel Noboa ha pagado a todos los GAD $ 3.650 millones.
Los ciudadanos también tienen hasta ese día para cancelar la Contribución Especial de Mejoras (CEM).
El incremento de la recaudación de impuesto ha sido la fuente de recursos. La caja fiscal llegó hasta los $ 1.468 millones y ahora está en $ 909 millones.
Se hará un seguimiento a través de cámaras de seguridad.
Un informe refiere la presencia de cianuro en el río Salado. Se ha pedido al Ministerio del Ambiente una investigación detallada.
Son organizados por Gobiernos locales e incluyen la muestra de emprendimientos.
Según el Municipio capitalino, hay varias empresas metropolitanas que ejecutan acciones.
Debería buscarse ir asignando más competencias a los gobiernos autónomos con sus respectivos recursos.
El 4 de junio ya se había procedido con la suspensión de 39 de estos dispositivos.