Todas las mañanas, excepto cuando llueve, Judith Auqui camina por el parque lineal de la calle 29, en el suburbio oeste de Guayaquil. Lo hace por recomendación de su cardiólogo, para atenuar un soplo cardiaco de nacimiento que no le ha impedido criar cinco hijos profesionales, atender su negocio de artículos varios y, además, cocinar, lavar, barrer y cumplir todas las tareas de su hogar. Pronto cumplirá 70 años, 55 viviendo en esta ciudad a la que migró adolescente en busca de trabajo y a la que se acostumbró tanto que hoy no imagina volver a su natal Chimborazo más que de visita.

Con el cariño que siente por Guayaquil, Judith la cuestiona. Mira a su alrededor y sin detener el ritmo de sus pequeños pasos, esta abuela de baja estatura, cabello ensortijado y piel con surcos, se enoja porque en su diario caminar tiene que evadir a jóvenes adictos que se han adueñado de los parques, disimular el temor que le provocan y fingir que no respira el aire contaminado con olor a heces y estupefacientes. “Hay una UPC cerca, pero sin policías, ya casi nadie viene a caminar por la inseguridad, ni se asoman patrulleros, y esas dos oficinas municipales que usted ve ahí se han convertido en dormitorio de chamberos y personas sin hogar”, cuenta Judith el viernes de la semana pasada.

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Los contratos en el primer semestre de la alcaldía de Aquiles Alvarez llegan a $ 65 millones

La seguridad debe ser la prioridad, dice esta comerciante a quien le han detectado arritmias en los últimos controles cardiológicos y que ella atribuye al pánico que le producen los sicariatos, secuestros, vacunas y asaltos en la ciudad. “Qué hacen con la plata de Guayaquil”, se pregunta.

En la agenda de la inversión municipal, la seguridad no es una prioridad, se ubica en segundo lugar. En el primer año de gestión del alcalde Aquiles Alvarez las 18 entidades municipales que heredó –actualmente 14- han contratado obras y servicios por $ 159,8 millones. De este monto, el rubro de seguridad ha recibido $ 29,2 millones, pero básicamente se han asignado para contratar a agentes armados que resguarden las entidades, oficinas o áreas públicas de la ciudad. Una revisión de este Diario a los recursos comprometidos en el periodo del 15 de mayo del 2023 al 30 de abril del 2024 señala que $ 26,5 millones se asignaron a vigilancia institucional.

“La inseguridad genera un estado de pánico, la ciudadanía está experimentando eso. En el sector del parque Victoria, del colegio Jorge Lavayen, invaden chamberos, son redes impresionantes”, analiza Gustavo Rivadeneira, presidente del Comité de Moradores del Barrio Patrimonial del Salado.

En este sector, los chamberos se roban unos quince medidores de agua al día, denuncia Rivadeneira, al tiempo que pide la intervención de Segura EP, una entidad municipal creada en la actual administración y que absorbió a la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) y a la Dirección de Gestión de Riesgos. Manuel Macías, presidente del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil (OPPG), mira esta fusión como positiva, porque dice que consolida la seguridad en una sola entidad y con “una visión más técnica”.

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“Desde la parte social han hecho cosas importantes en seguridad, como vincular el arte, la cultura y el deporte a los barrios, a los mercados, eso es un cambio de enfoque, ya no es como decía Cynthia Viteri (exalcaldesa) que no era una competencia municipal, porque lo entendía desde el punto de vista represivo, en este caso ha sido preventivo, ha habido un cambio, quizás de forma limitada, pero sí se ha visto”, comenta este veedor.

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Decenas de estudiantes comienzan a llegar a un colegio suburbano, el Otto Arosemena Gómez. Judith lleva tres de las cinco vueltas que diariamente camina y se fija en ellos. Se fija en la calle de entrada al plantel, en los 75 baches que hay en un tramo de 30 metros y en otro tramo al que obreros le han quitado la capa asfáltica con la intención de repavimentar, pero que ha quedado abandonada.

Padres y alumnos esquivan los desniveles mientras los vehículos y las tricimotos pugnan por usar el carril menos dañado. Del deterioro vial también hay quejas en la avenida Portete, a lo largo de la calle Venezuela, en la Rumichaca, en la ciudadela Naval Norte.

“Son un problema las calles, están hecho pedazos, atrás del Comisariato, por los camiones que pasan en el día, las calles están hecho huecos”, lamenta Lorena Egas, presidenta del Comité de Moradores de la Naval Norte. Hace un año, recuerda, solicitó por escrito al alcalde que repare estas vías. “Me dijeron que tenía que esperar, porque había un cronograma, pero ya ha pasado un año”. La semana pasada, Egas insistió en el pedido.

La Alcaldía -analiza esta dirigente comunitaria- no ha hecho alguna obra relevante en su sector. “Se preocupan por los parques, pero alguna obra, no, ninguna que hayan hecho o estén haciendo”. Con ella coincide María Bustamante, del Comité Promejoras de Sauces 6, y –aunque destaca el proyecto de bosque urbano que se instalará en el redondel de la avenida Antonio Velasco- la líder barrial alerta de los mayores problemas que vive su ciudadela por la mala disposición de la basura y las inundaciones. “Las calles están más o menos, lo grave es la inundación y con el asunto de la basura las alcantarillas no drenan rápido”.

Pese a las críticas, en la inversión municipal del primer año de Aquiles Alvarez consta que la obra pública se ubica a la cabeza de los rubros de contratación, con $ 56,6 millones. Sin embargo, de este monto, la zona mayormente favorecida por la Alcaldía ha sido la vía a la costa, particularmente Chongón, con $ 30 millones.

Ahí se incluyen $ 11,6 millones para la nueva terminal terrestre, $ 4,8 millones de la nueva vía que se construye para conectar dos redondeles en el sector de Chongoncito, también los $ 4,2 millones para vías de interconexión entre el poblado y las áreas de expansión en Chongón, $ 3,5 millones para dos pasos peatonales comerciales en los km 11 y 14 de la vía a la costa y otros $ 6 millones para obras eléctricas, sanitarias, ciclovía, seguridad, limpiezas o estudios y fiscalizaciones de trabajos en Chongón.

En el parque lineal de la 29 y Oriente, suroeste de Guayaquil, hay espacios deteriorados que se han convertido en refugio de consumidores de drogas. Foto Carlos Barros/El Universo. Foto: El Universo

Para el resto, la mayor parte de Guayaquil, han quedado $ 26,7 millones de lo destinado por la Alcaldía a obra pública. Menos de la mitad, $ 11,5 millones, se han dedicado a calles: $ 9 millones para la pavimentación en varios bloques de Flor de Bastión y $ 2,5 millones para el mejoramiento de las vías en el recorrido de la troncal 4 del sistema Metrovía.

Para estudios, diseños de proyectos, fiscalizaciones de obras o consultorías se han asignado unos $ 6 millones, según los registros de contratos del portal del Sercop. El rubro de obra pública de la ciudad lo completan la señalética vial, la readecuación de los centros comunales o CAMI, obras hidráulicas, una cancha de fútbol, adecentamiento de cementerios y la remodelación del edificio y de las oficinas de la terminal terrestre de Guayaquil.

“En términos de obra pública no ha habido nada absolutamente relevante, creo que se han enfocado en cosas pequeñas. En los primeros tres meses hicieron un trabajo de reactivación en asfaltado, bacheo de calles, luego hubo un mantenimiento de áreas verdes, lo que pasó con la cochinilla. Se han visto algunas cosas, pero son microintervenciones; de obra pública no ha habido nada”, analiza Manuel Macías, presidente del OPPG. Y con él coincide César Cárdenas, del Observatorio de Servicios Básicos de Guayaquil: “Lamentablemente, hasta ahora, no. No hay algo relevante que esté haciendo o que vaya a realizar el alcalde”.

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Cárdenas recalca que en el norte de la ciudad, en la periferia, hay gente esperando que Aquiles Alvarez cumpla su promesa. “Él dijo que iba a legalizar Monte Sinaí y no se ha hecho, en campaña dijo que iba a preocuparse de la juventud y no veo ningún proyecto, inclusive ofrecieron créditos para que los jóvenes pongan negocios, pero hasta ahora eso no se ha cumplido. El alcalde no está cumpliendo con su plan de trabajo”, evalúa este veedor al llamar la atención del cabildo en temas como el servicio de agua potable, una necesidad imperiosa en zonas no regularizadas donde los habitantes pagan “el agua más cara del país”, de $ 0,75 y hasta $ 1 el tanque de agua, en promedio –según la necesidad de los hogares- de $ 30 y hasta $ 50 mensuales.

A diferencia de este sector, la planilla de agua potable no supera los $ 15 en la casa de Judith, en el suroeste de Guayaquil. “De repente nos cortan el agua, pero regresa el mismo día. Lo que sí es otro problema es la falta de luminarias, hay calles oscuras donde la comunidad de su bolsillo compra reflectores porque el Municipio no se preocupa”, menciona Judith mientras camina su penúltima vuelta del día en aquel parque lineal, cerca del centro comunal, ubicado en las calles 29 y Oriente, al que este año un contratista del cabildo le ha dado una mano de pintura.

Desde hace cerca de tres años, los moradores del suburbio de Guayaquil esperan que se abra el servicio de la troncal 4 de la Metrovía. Foto Carlos Barros/El Universo. Foto: El Universo

Para las tareas de mantenimiento de la infraestructura municipal, la actual administración ha comprometido $ 25,5 millones en este último año. Ahí se cuentan el cuidado del sistema semafórico de la urbe, la limpieza de las áreas regeneradas, reparaciones o mejoramientos paisajísticos, la revisión técnica de la maquinaria y de los vehículos o equipos de uso operativo.

La compra de camiones, asfalto, camionetas, herramientas, combustible, equipos nuevos, piezas, incluso neumáticos, corresponde al rubro de equipamiento, al que se han asignado $ 16,7 millones en la actual gestión de la ciudad. En mantenimiento ni en el rubro de equipamiento se han incluido luminarias, o sus baterías, faros o reflectores. Solo consta entre lo contratado el montaje de luces y figuras navideñas en los espacios públicos de Guayaquil en diciembre pasado.

Sí figuran, en cambio, algunos servicios, equipos e insumos para el funcionamiento adecuado de las terminales Río Daule, Bastión Popular y 25 de Julio del sistema Metrovía, un transporte que en el Batallón del Suburbio no se concreta desde junio del 2021. Ese año finalizó la construcción de la troncal 4, que tiene una extensión de 23,6 kilómetros y una demanda estimada de 120.000 pasajeros. “Ya tiene tiempo sin funcionar, todo se va oxidando”. Cerca de una de las paradas de esta troncal, a minutos del hospital Guayaquil, Judith termina agitada la quinta vuelta de su diaria caminata. (I)