Lourdes Tibán tiene previsto reunirse con el fiscal general Paúl Pérez para entregarle un ejemplar de su libro Tatay Correa (Asco Correa), que recopila unos 700 casos de criminalización de la lucha social y afectaciones a los derechos humanos. Ella presentó la segunda edición la semana pasada en Guayaquil; la primera se lanzó en Quito en mayo. Ella espera que la tercera recoja más casos de gente que se anime a denunciar los “abusos” del gobierno de Rafael Correa.
¿Cómo surgió el libro?
Al inicio buscaba sistematizar el tema indígena, pero luego vi que no solo ese sector sufrió la persecución, entonces pasé al periodismo. Creo que esos dos grupos son los más afectados.
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¿Cuántos casos halló?
Sobrepasan los 700 individualizados conocidos, pero debe haber muchos más no conocidos... Para hacer fácil la contabilización los agrupé como los ‘Diez de Luluncoto’, los ‘Cuatro de Cotopaxi’, los ‘30 de Saraguro’... Yo aspiro a que al leer el libro la gente me escriba por redes y al teléfono y me diga “en mi provincia pasó esto”... Ya estoy recopilando otros casos para la tercera edición. Además, el libro se tiene que seguir actualizando, por ejemplo, en el caso del secuestro de Fernando Balda hay que referir la vinculación de Correa. Es posible que este caso termine siendo uno de los más importantes... Yo tengo cita con el fiscal para conocer si habrá una investigación ya más colectiva. Se tiene que establecer la responsabilidad porque no fue un ataque individualizado sino a los colectivos, y sistemático. Hasta contra mí, la autora, hubo un ataque sistemático: me robaron la casa, metieron preso a mi hermano (por el caso 30-S), me dieron un marido extra y me pegaron...
¿Por qué cree que no se denunciaron otros casos?
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Por temor, por miedo, porque se trataba de sus vidas, pero también de sus negocios, te atacaban con el SRI, te echaban del trabajo. Cuando luchar por un derecho como la libertad de expresión afecta tu bolsillo te quedas callado.
¿Y usted cree que el actual Gobierno sí es respetuoso de los derechos humanos?
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Creo que el presidente Lenín Moreno tiene mucho que reivindicar. Por ejemplo, en el caso Galo Lara, Moreno no tiene que pedirle informes a nadie, es facultad suya dar el indulto humanitario... Igual con las amnistías, le corresponde a la Asamblea, pero ahí hay ‘morenistas’ que pueden reivindicar la lucha social. Creo que el caso más grande por el que tiene que responder el Estado es el 30-S. Si me pusiera a enumerar a las víctimas en el libro serían más de mil. En este Gobierno no ha habido más ataques, pero está en la obligación de reparar lo que hizo el otro.
Luego de este libro, ¿retomará la política?
Este año me he dedicado a mi vida privada, asentando mi residencia en Salcedo. He estado (como legisladora) ocho años entre Quito y Cotopaxi.
¿Será candidata a la alcaldía de Salcedo?
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Sí, me han propuesto para la prefectura, la alcaldía y hasta el Consejo de Participación. Pero cualquier decisión se tomará en el movimiento indígena. Hasta eso pienso seguir escribiendo. (I)