El pasado viernes concluyó la primera de las tres visitas del grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera norte.

Los comisionados regresarán a inicios de agosto y, en esta segunda estadía, emitirán conclusiones preliminares respecto de los hallazgos registrados hasta ese momento y no esperar a diciembre para las conclusiones finales, dijo el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Édison Lanza.

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En su estadía, que se inició el pasado 24 de julio, Lanza junto con Luz Adriana Camargo, experta en medidas cautelares, y Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador, se reunió con las autoridades de Gobierno o sus representantes, a cargo del caso. Los ministerios de Justicia, Defensa, Interior y Relaciones Internacionales estuvieron directamente involucrados.

Recibieron la información “desclasificada” que entregó el Gobierno a los familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra e insistieron, al igual que ellos, en la necesidad de obtener la totalidad de la información. Lanza y Camargo agradecieron la apertura del Gobierno.

A manera de cierre de esta primera visita, Lanza anunció que se ha pedido al Gobierno ahondar en información y explicaciones jurídicas sobre cuatro temas: la situación en la frontera en los cuatro o cinco meses antes del secuestro y asesinato, la protección y seguridad de los periodistas y las medidas preventivas que se tomaron para su trabajo.

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También, el manejo del secuestro y de las negociaciones que hubo para la liberación y los hechos ocurridos en la frontera como las explosiones, el asesinato de militares y luego de una pareja de civiles, que tienen que verse en conjunto.

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Lanza además entregó 44 observaciones sobre la Ley de Comunicación a la Asamblea que debate un proyecto de reformas. Uno de los puntos es la insistencia de que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho. (I)

Opinión
Transparencia

Ley de Comunicación
El director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Mario Melo, considera que el trabajo de los relatores contribuye a generar transparencia en el manejo de la información en un tema tan complejo como el de secuestros y asesinatos en la frontera norte, así como ofrece insumos para adaptar la legislación vigente a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.