Caso de Froilán Jiménez: Defensa asegura que no persigue personas sino delito de ejecución extrajudicial

"Nosotros no estamos persiguiendo personas, estamos persiguiendo un delito de ejecución extrajudicial y si tienen que caer en este caso las máximas autoridades tengan la plena seguridad de que el fiscal general Paúl Pérez tiene que cumplir a cabalidad y actuar de manera objetiva y dar un resultado a la familia de Froilán Jiménez". Esas fueron las primeras expresiones que tuvo Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, respecto al desplazamiento del expediente del caso que investiga el asesinato del policía Froilán Jiménez, la noche del 30 de septiembre de 2010, del fiscal Fabián Salazar hacia manos del fiscal general Paúl Pérez.

Salazar habría encontrado 26 elementos de convicción que le hacen ver que debe investigarse dentro del caso al expresidente Rafael Correa y al exministro de Defensa, Javier Ponce. Al tener ellos fuero de Corte Nacional de Justicia, el fiscal Salazar entiende que no tiene jurisdicción y desplaza la instrucción fiscal del caso hacia su superior.

Romero sostiene que es muy importante que el fiscal Pérez tome en cuenta el tema de la autoría mediata, señalado por el fiscal Fabián Salazar en su escrito. Según él, Salazar dice que el resultado de la ejecución extrajudicial que se investiga es fruto de una disposición superior, es decir, el resultado de la acción se produce por servirse de otras personas para que se haya dado el rompimiento de la ley.

"Es indispensable que no solo se investigue quien causó la muerte de Froilán Jiménez, sino también al accionante de atrás, que es quien permitió que se realice un acto violatorio. (...) Se hace indispensable entender que en esta causa podemos llegar a hablar de un autor mediato", refirió Salazar en su escrito entregado el jueves.

El abogado defensor de Jiménez se refirió la mañana de este viernes al traslado del expediente en el caso del 30S hasta la Fiscalía General, por el fuero de corte, debido a que el fiscal Fabián Salazar habla de al menos 26 elementos de convicción para presumir que debe investigarse al expresidente Rafael Correa y al exministro de Defensa Javier Ponce.

El fiscal Salazar en su análisis resalta la versión del general del Ejército, Luis Castro, oficial que comandó la operación de evacuación del entonces presidente Correa. 

En su versión Castro afirmó que aquel 30 de septiembre de 2010 cumplió órdenes directas y estrictas que siguieron la cadena de mando, en la cual estaba el presidente Rafael Correa, el exministro Javier Ponce, y el alto mando militar, refiriéndose a los generales Ernesto González, Patricio Cárdenas, Leonardo Barreiro...

También se fundamentaría el pedido de investigación en un informe que presentaron las Fuerzas Armadas sobre la operación Rescate del 30S y en la que se indica que "el Sr. Presidente (Rafael Correa) en base a contacto telefónico, dispone al Sr. Ministro de Defensa Nacional y al Sr Jefe del Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo".

"Sería bueno escuchar a Rafael Correa, como parte de su derecho a la debida defensa, y a sus subalternos de las Fuerzas Armadas, como el general (Ernesto) González, si recibió esa llamada para que se proceda a realizar la evacuación o rescate presidencial", dijo Romero.

Otro aspecto que Romero resalta de la versión de Castro es que el oficial manifestó que el rescate o evacuación presidencial estaba prevista de acuerdo a la planificación, organización y a una orden de servicios al día siguiente, es decir, a la 01:30 de la madrugada del 1 de octubre de 2010. "Hasta la presente fecha se desconoce por qué se actuó de esa manera deliberada y utilizaron ese tipo de munición y armamento".

El que no se hayan presentado los 56 voluntarios del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Ejército, explicó Romero, obligará a que exista una segunda parte de la reconstrucción de los hechos. Además indicó que el jefe del Grupo Especial de Comandos del Ejército, grupo distinto al GEO, también deberá ser convocado a rendir versión.

De continuar con la negativa de parte de las Fuerzas Armadas, a dar la información de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010 y solicitada por la Fiscalía, la defensa de los Jiménez adelantó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan. (I)