En la Superintendencia hay 98.000 leyes de Comunicación de bolsillo que no se pueden “mover” hasta que Contraloría determine si hubo irregularidades en la contratación para su impresión, que se hizo en la gestión de Carlos Ochoa.

Según el superintendente (e) Édison Toro, la Contraloría estaría alistando el informe final sobre la impresión de esas leyes, en las que “efectivamente existe una alteración del texto legal”. Prefiere no dar detalles del informe borrador que se leyó en agosto, pero reveló que hay “98.000 leyes de bolsillo en esta superintendencia que no se las puede mover”, hasta que el órgano de control se pronuncie, y en donde “habrá luces de lo que pasó con el contrato”.

En las 300.000 leyes se había modificado el segundo inciso de la transitoria sexta de la ley, donde se expresa que la gradualidad para la difusión de contenidos musicales se cumplirá según el “artículo 102, en el plazo de tres años (...)”. Pero lo correcto es el artículo 103, sobre “difusión de los contenidos musicales”, pues el 102 se refiere al fomento de la producción nacional.

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Con ese cambio se sancionó a once radios, y eso se denunció en la Fiscalía. Desde septiembre del 2017, de acuerdo con el proceso judicial, no se observan nuevas diligencias. (I)