La inclusión de los actos de corrupción como delitos de lesa humanidad requiere de reformas constitucionales y legales, dice Jaime Costales, profesor de Psicología Social de la Universidad San Francisco de Quito. El catedrático recalca la importancia de perseguir la corrupción y menciona que una de sus consecuencias son las distorsiones sociales que genera en los ciudadanos.