Actualizado: 14:45

La Comisión de Desarrollo Económico dio marcha atrás con respecto a una disposición transitoria que aprobó la noche del viernes, y que es parte del informe para segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, que se trata en la Asamblea. Así este domingo, a partir de las 12:30, el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, convocó a nueva nueva sesión, en la cual se tratará la reconsideración de la votación y se hará una resolución sobre dicho informe.

Es que el viernes hubo una queja por parte del asambleísta César Rohón (PSC) que advirtió que la disposición Décimo Quinta era ilegal. Sin embargo, ocho asambleístas votaron a favor y cinco en contra del informe total.

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La aprobación de ese texto generó una serie de reacciones en contra, sobre todo, en redes sociales.

Pocas horas después de aprobado el informe, la Comisión público un twitter en su cuenta oficial indicando: "El texto de la transitoria décimo quinta del proyecto… no consta en el informe definitivo que se remitirá a la Presidencia de la Asamblea". Dicho anuncio fue felicitado por la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, quien dijo que esta era una "oportuna aclaración por parte de la Comisión de Desarrollo". Acotó que "el procedimiento coactivo y sus medidas cautelares se encuentran reguladas en el Código Tributario".

Oportuna aclaración de la Comisión de Desarrollo. El procedimiento coactivo y sus medidas cautelares se encuentran reguladas en el Código Tributario. El @SRIoficialEc actúa de manera técnica y responsable, apegado a sus facultades legales y observando el debido proceso. https://t.co/JMY8ijuGKV

¿Pero qué decía la mencionada disposición? el texto indica: "Debido a la crisis económica producto de la pandemia COVID-19, por esta única vez, y durante un (1) año a partir de la vigencia de la presente Ley, el funcionario ejecutor del Servicio de Rentas Internas podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes, previo a la iniciación del procedimiento coactivo". Además se establece que luego de emitidas las medidas cautelares el funcionario ejecutor deberá iniciar el proceso coactivo en un plazo no mayor a treinta días.

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El problema de esta disposición, comenta el asambleísta César Rohón, es que se estaría afectando el debido proceso al aplicar medidas antes, en vez de seguir el camino establecido en la ley.

El retiro de dicha disposición, anunciada por la comisión, traía varias interrogantes, pues no se conocía cuál sería el procedimiento a seguir para eliminarlo de un texto aprobado por la votación de los comisionados. Ahora, con la convocatoria a sesión dominical, se esperaría que el proceso se lo realice apegado a derecho. (I)