La propuesta de reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no llega al órgano Legislativo para su trámite.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 6 de marzo el informe de cumplimiento de la recolección del 1% (132 620) de firmas ciudadanas para reformar parcialmente la Carta Política que requería el Comité por la Institucionalización Democrática, liderada por los exmiembros del CPCCS, Pablo Dávila y Darwin Seraquive.

Pero después de casi tres meses de cumplir con el requisito electoral, el proceso no avanza por la falta de una notificación.

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Así lo confirmó la vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas del Legislativo, Wilma Andrade (ID), quien explicó que el CNE no habría remitido una certificación oficial de que el Comité cumplió con las firmas.

"La Asamblea tiene que tener la certificación de que el colectivo cumplió, pero todavía no se ha recibido. El procedimiento establece que debe llegar a la Asamblea para que lo apruebe el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y de ahí pase a la Comisión de Enmiendas", detalló Andrade.

Seraquive conoció que el CNE se había demorado en notificar con el informe de legitimación de las rúbricas de forma física, pero se lo hizo solo de forma electrónica, porque se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19), que determinó el aislamiento social.

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Sin embargo, cree que si hubiera "voluntad política" se lo trataría.

"Las prioridades en este momento han cambiado, aunque la gente sigue inquieta y más interesada en que se eliminen instituciones que no le aportan nada al Estado. Pero la Asamblea no se ha dado por notificada, por lo que no ha iniciado ningún trámite", lamentó.

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Para el comité es "urgente y necesaria" su propuesta de reforma, pero el problema, dice, es que los "políticos lo hacen en función del cálculo, de egoísmos, de conveniencias, y le dan la espalda al pueblo. Esperamos que se debata porque cada día que pasa es más importante", acotó Seraquive.

Mientras esto sucede, la presidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas (AP) convocó a una sesión para las opiniones de dos catedráticos para la construcción de la enmienda constitucional que impulsa el Parlamento, cuyo objetivo no es eliminar el CPCCS, solo restarle las atribuciones para elegir autoridades.

Días antes de que las actividades laborales se interrumpan a causa del COVID-19, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, dijo que consultarían a la Asamblea si van a alcanzar a cumplir con los plazos del tratamiento de la propuesta, para poder incluirla dentro de su calendario para los comicios generales del 2021.

"Debemos consultar a la Asamblea para pedir la impresión de la papeleta, o establecer cuándo harán la campaña electoral los colectivos que estén a favor del sí o del no. Esto implicará que ajustemos nuestro presupuesto", advirtió.

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El artículo de la Constitución 442 establece que para la reforma parcial, el Parlamento debe tramitar la propuesta en dos debates. El segundo se hará en al menos 90 días después del primero. Una vez aprobado se convocará a referéndum.

El legislador Héctor Muñoz (SUMA), también integrante de la Mesa parlamentaria, consideró que antes de someter a debate la propuesta de reforma parcial sería importante introducir una reforma a la Ley de la Función Legislativa para definir el número de votos con los que se aprobará o negará.

"Es urgente que se establezca cuál es la mayoría de los asambleístas que se requieren para aprobar o negar la iniciativa. Existe ese vacío en la ley, y además lo lógico sería que el referéndum se ajuste al calendario electoral del CNE para no incurrir en gastos adicionales con otra consulta aislada. Todo esto deberá analizarlo la comisión", expresó.

La propuesta de reforma parcial plantea también modificar la estructura del Legislativo convirtiéndola en una Cámara Bilateral, y dar independencia administrativa a la Fiscalía General. (I)